CANCÚN, QUINTANA ROO.- Gustavo Miranda García no sólo ha sido señalado por una institución bancaria por la comisión de fraude en detrimento del Banco Sabadell, es además, del dominio público a través de los medios de comunicación, las particularidades documentadas del hoy, presunto fraude; no obstante, la XVI Legislatura omite cumplir con su obligación: investigarlo y en su caso, iniciar un juicio político al diputado y al regidor de Benito Juárez, su amigo personal y correligionario, Pablo Bustamante Beltrán.
LOS HECHOS DENUNCIADOS
A decir del cuerpo jurídico del Banco Sabadell, ha iniciado un juicio para denunciar la simulación de un juicio laboral para evitar la pérdida de un departamento de lujo, propiedad de la madre del diputado, Erika Luz García Deister y quien lo pusiera en garantía por un préstamo de 800 mil dólares, el cual no pagó.
Jorge David Segura Rodríguez, Pablo Bustamante Beltrán quien se desempeña como regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, instancia de gobierno municipal, que también comete un ilícito por omisión, ante la denuncia; el propio diputado Gustavo Miranda García y desde luego, su madre, Erika Luz García Deister, fueron señalados por haberse confabulado para cometer fraude.
UN JUICIO DE CARÁCTER LABORAL, EL MÓVIL
A fin de no perder un departamento de lujo en esta ciudad, la señora Erika Luz García Deister, presuntamente se confabuló para delinquir con su hijo y representante popular del Partido Verde Ecologista de México y con los amigos de éste último, uno de ellos, regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Bustamante Beltrán quien directamente demandó laboralmente a la empresa García & Miranda Tranding S.A de C.V. por un supuesto despido injustificado, juicio que ganó de manera “exprés” y sin alegatos de defensa por parte de la madre de Gustavo Miranda. En el mismo año (2019), otro flamante integrante de la dirigencia estatal del PVEM, Jorge David Segura Rodríguez, entabló otra demanda laboral para salvar otra propiedad de Erika Luz en la Zona Hotelera de Cancún.
SABADELL, UN GIGANTE BANCARIO
Banco Sabadell Group es un banco español establecido en el año 1881. Es el cuarto grupo bancario más grande en España y tiene más de 2 mil oficinas y 18 mil empleados a nivel mundial.
NO ES EL PRIMER FRAUDE CON LA MISMA MECÁNICA QUE CONFABULAN
Previo a haber defraudado a Banco Sabadell (así lo acusa la propia institución bancaria), Erika Luz García Deister ya había defraudado a otra institución bancaria, se trata del banco Scotiabank.
¿Y EL JUICIO POLÍTICO?
Si bien los detalles de los dos fraudes (delitos de la materia penal), que involucran directamente a dos representantes populares y una funcionaria de la Secretaría del Trabajo, son ya ampliamente
conocidos y documentados, resulta que tanto la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo y el
Ayuntamiento de Benito Juárez, estarían cometiendo una irregularidad por omisión en sus
obligaciones.
ARTÍCULOS RELATIVOS A LA RESPONSABILIDAD DE REPRESENTANTES POPUALRES Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
En el entendido de que estos representantes populares y una funcionaria de la Secretaría del Trabajo están bajo investigación, el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, dispone:
“ARTICULO 5º.- Incurren en responsabilidad política la o el Gobernador del Estado, las o los
Diputados de la Legislatura del Estado, (…) y Miembros de los Ayuntamientos”.
El artículo 6, dispone las conductas que se consideran “de responsabilidad política”:
“ARTICULO 6º.- Perjudican los intereses públicos fundamentales o afectan su buen despacho, las siguientes conductas: I. El ataque a la Soberanía del Estado; II. El ataque a las Instituciones Democráticas; III. El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo y Popular del Estado, y el menoscabo por cualquier forma de las atribuciones constitucionales de cualquiera de los Poderes; IV. El ataque a la organización política y administrativa del Municipio; V. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;”
Relativo a ello, el artículo 160 de la Constitución Política el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, confirma quiénes serán considerados en el juicio político correspondiente:
“ARTICULO 160.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta Constitución les otorga dicha calidad, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública”.
Tanto los integrantes de la XVI Legislatura local, como los integrantes del Cabildo de Benito Juárez, pudieran ser responsables por la omisión respecto de integrar e investigar los hechos ya denunciados por los defraudados.
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