CANCÚN, QUINTANA ROO.- La única garantía con que cuentan hoy los más de 80 mil empleados despedidos durante la pandemia ocasionada por el virus covid-19 o Coronavirus que optaron por demandar, es la relativa a recuperar su empleo.
Recibir oferta de empleo, una vez que se recupere la actividad económica en Quintana Roo y ante la falta que habrá entonces de personal capacitado será la mejor opción, de lo contrario, tendrán que afrontar un largo proceso legal sin garantías.
Trasciende que, si bien es cierto que algunas empresas, previo a dar de baja a la mayor parte de su plantilla de empleados, “se tomaron la libertad” de liquidar a cada uno de ellos.
A contra parte, la mayoría de ellas, sobre todo aquellas que en realidad fungen como intermediarias entre prestadores de servicios y empleados, no hicieron lo mismo, simplemente, les despidieron.
El empleo en Quintana Roo en números
En Quintana Roo, según cifras oficiales, se perdieron 80 mil empleos; con base en datos estadísticos del Inegi, en el estado había, hasta antes de los despidos masivos, 851 mil 705 personas ocupadas.
De ellos, 424 mil 338, eran asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 427 mil 367 no estaban asegurados.
De este total, 615 mil 425 eran asalariados, 160 mil 938 trabajaban por cuenta propia y 32 mil 337 correspondían al renglón de “sin pago” y “otros”.
La historia de la intermediación
Sabemos que, hoteleros, prestadores de servicios turísticos, touroperadores, restaurantes, entre otras empresas, contratan los servicios de intermediarios, encargados estos de tratar con los empleados, de acordar el régimen bajo el cual serán contratados; de pagarles, etcétera.
En este sentido, lo blanco y lo negro, tiene que ver con el hecho de que, si se trata de una emergencia como la que padecemos recientemente, la empresa intermediaria puede evadirse de toda responsabilidad.
Ello porque no tendría los recursos, ni el patrimonio para responder por los derechos de sus trabajadores, con lo que deja a salvo a la empresa que les contrata.
Pero al mismo tiempo, protege a la empresa de delincuentes quienes, incluso desde el poder público, les simulan conflictos laborales para despojar a sus legítimos propietarios de su patrimonio.
Cabe recordar que, durante la pasada administración estatal, muchos fueron los casos de hoteleros despojados, principalmente en el municipio de Tulum,
Se sabe sin embargo que también en Puerto Morelos y Solidaridad, han registrado hechos de despojo que aún no se resuelven.
Irónicamente, en esos tiempos, las Juntas de Conciliación y Arbitraje resolvieron en tiempos récord y en favor de los “empleados” demandantes quienes, dicho sea de paso, ni siquiera laboraban allí.
No se trata de un acto ilegal
Entrevistado, José Ramírez, un jurista especializado en diversos temas, entre ellos el laboral, además de ser un empresario, pone en claro la situación jurídica de los trabajadores durante el presente estado de emergencia.
Planteó el jurista que, “La contratación de empresas operadoras que fungen como intermediarias entre los hoteles y los trabajadores, de ninguna manera es ilegal, por el contrario, es legítimo”.
Agregó que, “aún cuando ello reste garantías a los trabajadores, es una situación relativa a la legislación, pero al mismo tiempo, es una garantía del propietario de no exponer su patrimonio”.
Destaca, en esta lógica, la forma en que los empleados son contratados, es otra circunstancia que pone en riesgo sus derechos.
Destacó que, “Cuando se trata de un contrato colectivo de trabajo respaldado por un sindicato, los derechos están resguardados y corresponde al sindicato garantizarlos, ese es el objetivo de que los empleados paguen cuotas”, nos dice el abogado.
Preguntamos, ¿qué pasa cuando el empleado no es sindicalizado?; en muchos casos, al ser dados de baja, fueron obligados a firmar renuncias, presionados con el pago de finiquitos.
Se sabe que esos pagos fueron relativos a deudas por comisiones o sueldos caídos y esas firmas, obran en su contra en un proceso de demanda laboral.
La tragedia de los comisionistas
Trasciende que, cuando el trabajador es comisionista, que en la zona norte de Quintana Roo hay muchos, quienes trabajan vendiendo tours, tiempos compartidos o servicios, la situación es aún más delicada, pues las “operadoras” tuvieron para negociar, el pago de comisiones atrasadas y las negociaron como finiquitos.
Habilitaron entonces una especulación que dejó en la ignominia la posibilidad de liquidación; los trabajadores estaban en su momento tan necesitados de capital para ir a sus casas a resguardarse, que se vieron obligados a recibir lo que fuera.
Entrevistada, una trabajadora que exigió el anonimato, compartió su caso. Dijo que trabajó durante varios años para la empresa “Trafic”, operadora de “Transat”.
Expuso que en el momento de ser dada de baja por Trafic, fue presionada para aceptar solamente el pago de una parte del adeudo de comisiones que tenían con ella, con la promesa de que “tal vez”, cuando se recupere la operación de la empresa sería recontratada.
Lmentó, “Tengo mucha impotencia, estoy fastidiada porque, cuando fui a ver a varios abogados para demandar a Trafic, lo primero que me dijeron es que, ‘si ya firmaste, no hay nada qué hacer’”, comentó con lágrimas en los ojos.
Agregó, “soy madre soltera, tengo en casa a mi hija y a mi madre, debo pagar la escuela de mi hija, poner comida sobre la mesa y con lo que me dieron, no pude aguantar ni el primer mes”.
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