Más de mil presuntos agresores sexuales de menores de edad en Quintana Roo se encuentran libres. Algunos, incluso han abusado en más de una ocasión. Sin embargo, una laguna en la legislación actual permite que la mayoría de los delincuentes sigan en las calles.
“Esta situación es consecuencia de que el Código Penal de Quintana Roo, hasta el momento, no establece la prisión preventiva oficiosa en este tipo de delitos, tal como sí sucede en otros estados como Veracruz, la Ciudad de México o Puebla; lo que le da la oportunidad al agresor de escapar o amenazar a sus denunciantes”, dice el abogado Hiram Azueta.
El especialista penal explica que por estas razones, estadísticamente, solo tres de cada 100 personas que denuncian el abuso sexual contra los menores, lleva todo el proceso hasta su conclusión.
Las denunciantes, en su mayoría madres o familiares de los menores de edad abusados, se desalientan cuando las autoridades no aprehenden al victimario de inmediato, argumentando que se tiene que iniciar primero la investigación.
“Recuerdo un caso que sucedió hace tres años en Cancún. La madre descubrió que su hija de apenas 13 años estaba embarazada, y al preguntarle a su hija se enteró que el padre era su padrastro, quien la estuvo violando durante dos años. Acudió a presentar la denuncia y corrió al hombre de su casa, pero para cuando las autoridades iniciaron con las investigaciones, ya habían pasado dos semanas y el agresor ya no vivía en la ciudad. Hasta ahora, es adolescente aún no ha encontrado justicia”, comenta el abogado.
De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, existe un registro de mil 595 carpetas de investigación por violaciones a niñas y niños menores de 14 años. Solamente 510 fueron procesadas, pero no todos pisaron la cárcel. El resto se encuentra libre.
“Esta cifra es alarmante, recuerden que únicamente el 10 por ciento de las víctimas se atreve a denunciar. La mayoría no lo hace porque en la mitad de los casos, el agresor es un familiar o un conocido que las amenaza con agredirlas físicamente o avergonzarlas si le cuentan a alguien sobre la violación”, dice Mariana Bello, presidenta de la asociación Gobernanza, Igualdad y Desarrollo de las mujeres.
“Ésta es la principal razón por la que queremos reformar la legislación de Quintana Roo, para que el juez ordene la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual en contra de menores”, dice la diputada Judith Rodríguez Villanueva.
La legisladora local presentó una iniciativa para adicionar el artículo 14 Bis al Código Penal del Estado, con el propósito de que los jueces puedan ordenar la prisión preventiva en delitos como la corrupción de menores, pornografía infantil, tráfico, entre otros que también se catalogan como delitos sexuales.
“Si el acusado se encuentra en prisión preventiva, no tendrá oportunidad de amenazar o escapar. Menos agresores sexuales seguirán en las calles y más personas se atreverán a denunciar este tipo de actos, que dejarán de seguir impunes en el Estado”, puntualizó la diputada.
En Quintana Roo, el Código de Procedimientos Penales tomaba en cuenta esos detalles, sin embargo, fue derogada en su momento y se estableció que aplicará el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual solo considera prisión preventiva oficiosa para otros delitos.
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