Ante lo que consideran una imposibilidad de cumplir con las facultades del Consejo Editorial Consultivo, y “el desacato reiterado del abogado de Notimex” al Estatuto y el Reglamento de Sesiones, cinco integrantes de dicho Consejo presentaron su renuncia.
La renuncia se hizo pública a través de una carta de siete cuartillas, difundida en la cuenta de Twitter de Gabriel Torres Espinoza, presidente del Consejo Editorial Consultivo, así como vocal propietario de la Junta de Gobierno de Notimex.
Además de Torres, firman José Luis López Aguirre, consejero y vocal de la Junta; Maricruz Zamora Rodríguez, integrante del Consejo y defensora de Audiencia de Notimex; Miguel Ángel López, consejero, y Armando Carrillo Lavat, también consejero.
“Hacemos pública nuestra renuncia como integrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Editorial Consultivo de Notimex, al no encontrar las condiciones y garantías para realizar adecuadamente nuestras funciones en este órgano consultivo”.
En su carta, los firmantes consideran que hay “una fundada preocupación por la operación” de la agencia debido a que existen evidencias de acciones contrarias “a su existencia y razón de ser”.
“Hoy existen múltiples evidencias publicadas en informes, estudios y denuncias, que abren una fundada preocupación por la operación de esta agencia de Estado y pudieran ser contrarios a su existencia y razón de ser”, denuncian.
Para los consejeros “resulta un contrasentido que actualmente la agencia se coloque en los hechos como la contraparte de diversos medios nacionales e internacionales. De forma continua publican graves denuncias sobre presuntos abusos de autoridad, acoso laboral, desvío de recursos públicos, así como la tentativa de utilización de recursos humanos y materiales para campañas de acoso al libre ejercicio del periodismo y al derecho a la crítica, mediante plataformas digitales y redes sociodigitales”.
También destacaron que existen varias denuncias que pesan sobre directivos de Notimex, que refieren “actuaciones muy delicadas y posiblemente constitutivas de diversos delitos”, por lo que solicitaron que se realice una “amplia investigación de los hechos que se imputan”.
Lograrlo “implica necesariamente la separación temporal de los aludidos, hasta que se concluyan las averiguaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades, si llegaran a existir”, dice la carta.
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