VERACRUZ, Veracruz.- Corrupción, saqueos, violencia, impunidad, colusión entre Gobierno y el crimen organizado, falta de controles federales, obstrucción de la justicia y opacidad formaron parte de un régimen de terror encabezado por el PRI en Veracruz durante los últimos 12 años.
De acuerdo con un reporte de la organización internacional Crisis Group, durante las Administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, Veracruz encarnó la combinación de una transición democrática defectuosa y el creciente poder del crimen organizado.
Con base en testimonios propios e información publicada en medios de comunicación, la agrupación con sede en Bruselas sostiene que la ausencia de mecanismos de control y contrapesos desde el Gobierno federal permitieron que “líderes políticos corruptos” capturaran las instituciones públicas de Veracruz para su uso y beneficio privado.
“Veracruz se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala”, refiere.
Según el informe “Veracruz: reparar el estado de terror de México”, se estima que al menos 2 mil 750 personas han desaparecido en esa entidad.
Se advierte que los asesinatos de periodistas, profesionales jurídicos, agentes policiales, testigos y ciudadanos en general han buscado frenar las denuncias contra organizaciones criminales y sus cómplices políticos.
“En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando impunidad ambas partes”, indica.
Según el documento, en los últimos dos sexenios se reforzaron los enclaves autoritarios en el estado, lo que permitió combinar intereses públicos, privados y criminales dedicados a saquear los recursos públicos y victimizar a la población civil.
En el apartado “Fortunas privadas y temor público: corrupción, crimen y complicidad”, se hace referencia al saqueo de fondos públicos a través de las llamadas empresas fantasmas que operaron desde 2010, bajo la Administración de Duarte.
Sin embargo, se advierte que esa técnica fue sólo una de las diversas formas de fraude, ya que también se registraron contratos incumplidos, precios inflados para la construcción de obras, facturas ficticias, triangulación y retención de fondos federales, así como la colocación de miles de aviadores en instituciones públicas.
Al abordar el tema del empoderamiento de las organizaciones delictivas, la organización sostiene que el Gobierno estatal realizó acomodos en las corporaciones policiacas para promover y proteger los intereses del crimen organizado y tanto dentro como fuera del poder público.
Tras referirse a la entidad como una zona vulnerable al tráfico de drogas y de personas, se sostiene que la Administración de Herrera fue clave para las organizaciones delictivas.
“El giro hacia la actividad criminal con efectos mucho más dañinos sobre las poblaciones locales se ha atribuido al éxito electoral de Fidel Herrera, del PRI, en 2004”, detalla.
En el reporte se mencionan organizaciones como el Cártel del Golfo, Los Zetas y La Compañía, así como investigaciones que se han llevado a cabo en Estados Unidos en las que ha salido a relucir el nombre del ex Gobernador priista.
Los Zetas, indica, se convirtieron en una fuerza dominante para la venta de drogas, el robo de autos, secuestro, extorsión de migrantes, falsificación, robo de hidrocarburos, tráfico de personas y extorsión a negocios.
Crisis Group expone que, de acuerdo con el testimonio de un ex agente policial de inteligencia del Estado de Veracruz, se confirmó la protección gubernamental hacia las organizaciones delictivas.
“Se les hacía más fácil extorsionar, secuestrar, con la protección del mismo estado”, cita.
En el informe se asevera que la peor violencia en Veracruz es producto de la “fusión de facto” entre las fuerzas policiales estatales y locales con grupos del crimen organizado.
Lejos de las ciudades más grandes, se explica, la Policía y los grupos criminales conspiraron de manera conjunta para generar espacios semiautónomos para llevar a cabo sus actividades ilegales.
En el texto se hace referencia al ex titular de la Secretaría de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez, quien fue detenido y es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
“La criminalización de las fuerzas de seguridad estatales llegó al extremo en la Secretaría de Seguridad Pública y, según numerosos relatos, a partir de 2011 se convirtió en un enclave autoritario-criminal sirvió para impedir la libre expresión”, describe.
También se advierte que otro modo de responder a los intereses del crimen organizado era actuar de manera pasiva, sin responder a los llamados de ayuda de los ciudadanos ni reportar vehículos sospechosos o grupos armados e incluso vigilar las labores de las fuerzas federales.
En el caso de las desapariciones, se habla de una alianza entre el Gobierno de Duarte y del entonces Presidente Felipe Calderón en la lucha contra el narco, lo que provocó la captura de altos mandos de Los Zetas.
Se afirma que esas acciones derivaron en la creación de organizaciones más pequeñas, pero también más violentas.
En este contexto, se agrega, otros grupos criminales se introdujeron en Veracruz, intentaron competir por los mercados y territorios, con lo que generaron una elevada tasa de homicidios y desapariciones forzadas que afectó a civiles inocentes.
La organización manifiesta que algunos hechos violentos registrados han sido producto del enfrentamiento entre los cárteles, lo que incluye a funcionarios estatales que han actuado en complicidad.
También refiere secuestros y extorsiones contra migrantes centroamericanos, y violencia contra civiles para crear un clima general de terror y sumisión.
Enlista ataques contra testigos accidentales o colaboradores para destruir pruebas, violencia contra periodistas para encubrir operaciones criminales e impedir la libertad de expresión.
En uno de los apartados, la organización sugiere que las Fuerzas Armadas federales también han actuado en beneficio del crimen, al despejarles el camino en delitos como el robo de hidrocarburos.
“Violencia de los grupos del crimen organizado, así como violencia de las Fuerzas Armadas federales contra delincuentes a pequeña escala para imponer el monopolio de los grupos del crimen organizado sobre actividades como el robo de hidrocarburos de los oleoductos”, detalla.
Al describir los procesos de obstrucción de la justicia, advierte que las estadísticas oficiales sobre homicidios y desapariciones subestiman los casos reales.
Cita el testimonio de un funcionario de bajo rango del Consejo de Seguridad de Veracruz, a cargo de compilar las estadísticas sobre la delincuencia, quien reveló que recibió instrucciones explícitas de no incorporar ningún caso de secuestro a los índices.
“La negación de estos crímenes y de justicia para las víctimas fue parte integral de la autoprotección que el estado de Veracruz y sus socios criminales se garantizaron a sí mismos entre 2014 y 2016”.
En el reporte se establece que se han empleado una variedad de métodos para crear condiciones de “casi absoluta impunidad”, y se revela que la Fiscalía General estatal también estaba infiltrada por la delincuencia, como la SSP.
El informe incluye una lista de las técnicas empleadas para encubrir delitos durante el Gobierno de Duarte.
Los funcionarios, describe, incumplían con protocolos legales para la búsqueda de personas desaparecidas, rechazaban denuncias de familiares o intentaban disuadirlos de presentarlas.
Los servidores públicos de la Fiscalía, añade, se negaban o eran incapaces de llevar a cabo investigaciones por la acumulación de casos, falta de recursos o incentivos financieros, la intromisión política o el riesgo que enfrentaban los funcionarios en casos de carácter político.
Además, se detectó el traslado de funcionarios involucrados en los casos, lo que impedía avanzar en las investigaciones.
Según el documento, durante el Gobierno de Duarte se cerraban a las investigaciones cuando se habían logrado avances, con la finalidad de controlar los riesgos que enfrentaban los presuntos culpables, incluidos los que ostentaban poder político.
Otros funcionarios federales y estatales, señala, se negaron a seguir pistas concretas en información de inteligencia sobre fosas clandestinas.
A esto se suman amenazas contra organizaciones de víctimas familiares que llevan a cabo sus propias investigaciones.
La organización denuncia que el Gobierno estatal incurrió en la destrucción de pruebas como sepultar de manera ilegal a cadáveres no registrados tanto en fosas clandestinas como en cementerios estatales.
Crisis Group reportó que la amenazas contra la libertad de expresión alcanzaron su punto máximo durante el mandato de Duarte.
Refiere obstáculos burocráticos para otorgar medidas de protección a los periodistas, sobre todo porque los actores estatales comúnmente están involucrados como culpables de los ataques.
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