Quintana Roo es la segunda entidad del país donde más conflictos agrarios se registran. De los 50 mil asuntos que la Procuraduría Agraria atiende en promedio cada año, mil 700 ocurren en el estado, principalmente por el despojo y/o venta ilegal de terrenos de alta plusvalía, que son propiedad social de ejidos y comunidades.
Solamente supera a la entidad Chiapas, con 4 mil 800. En tercer lugar aparece Oaxaca, con mil 200.
Mientras que en el resto del país los ejidatarios se pelean la tierra para obtener más terreno donde sembrar, o para acceder al agua, en Quintana Roo la razón es para revenderla a grandes inversionistas inmobiliarios y así obtener millones de pesos de ganancias en una sola transacción, según la información del Centro de Innovación e Información Agraria (CIIA) de la Procuraduría Agraria.
De acuerdo con este reporte, solo en 2019, cuando la atención era presencial, se recibieron 17 mil 506 denuncias o quejas por la sucesión de derechos ejidales y comunales en todo el país, de los cuales el 4.7%, es decir, 825, sucedieron en los municipios de Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.
En el caso de los tres primeros, la mayoría de las tierras en disputa se encuentran en zonas de alta plusvalía, donde se tiene proyectado construir grandes fraccionamientos para ampliar las manchas urbanas de sus respectivas ciudades; así como en cenotes y territorio costero, donde se puede aprovechar su potencial turístico.
Mientras que en Bacalar y Felipe Carrillo Puerto los ejidatarios pelean por los terrenos por donde se tiene proyectado que se construya el Tren Maya.
Un total de 510 asuntos tuvieron que ver con la posesión de una parcela, 114 por la no aceptación como ejidatario o comunero, 102 por la asignación de derechos sobre tierras, y 99 por problemas diversos, desde nulidad de asamblea, asignación de tierras restitución de derechos, etc.
Aunque la Procuraduría Agraria afirma que cada 28 horas se resuelve un conflicto ejidal, en 2020 se estimó un rezago de más de 280 mil expedientes a nivel nacional.
En el caso específico de Quintana Roo posee un rezago de más de 18 mil 400 expedientes sin resolver, algunos de los cuales datan desde 1994, e incluso algunos de los denunciantes ya fallecieron.
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