Cancún, Q. Roo.- Pedro Cárdenas Casillas, investigador de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19, aseguró que Quintana Roo es el tercer estado del país en donde se comenten más agresiones contra los representantes de medios de Comunicación.
En una rueda de prensa Cárdenas Casillas, dijo que en el 2019 se documentaron 192 agresiones en Quintana Roo y en el 2020 se presentaron 60, de las cuales abundaran cuando presenten su informe anual, el próximo mes.
De igual forma señaló que la tendencia de estos casos ha presentado un incremento en contraste con años previos.
El riesgo de los periodistas es muy alto en todo México.
En el tema de las agresiones, aclaró, se trata de casos a los que Artículo 19 tuvo acceso y no significa que sean todas, pero sí muestran que el riesgo para los periodistas es muy alto en todo México.
“Más del 38 por ciento de las agresiones son directamente cometidas por autoridades de distintos niveles, como policías, servidores públicos y fuerzas de seguridad”, lamentó.
En general, dijo, predominan los ataques hacia los hombres, pero estaría relacionado con un mayor número de periodistas varones, aunque destacó que las agresiones a mujeres periodistas son preocupantes porque en muchas ocasiones tienen una connotación de género o sexual, con amenazas e intimidaciones.
“Veamos por ejemplo el caso de Lydia Cacho, donde hay un componente de género muy obvio. En este sentido vemos cómo se repite y es muy preocupante”, reiteró.
Pedro Cárdenas hizo un llamado a las autoridades mexicanas en cuatro aspectos por parte de Artículo 19
“A las autoridades judiciales les pedimos otorgar la condena máxima por el delito de tortura a Mario Marín y demás responsables; a la Fiscalía General de la República actuar con diligencia en la localización y detención de las otras personas señaladas como autores intelectuales; al Estado mexicano incrementar las acciones necesarias para la reparación integral del daño y toda la compensación adecuada para Lydia y su familia, en especial garantizar las condiciones óptimas y adecuadas para que Lydia pueda vivir en su casa con seguridad”.
“En todos los niveles de gobierno, sin importar en qué situación estén, combatir la impunidad contra los delitos de libertad de expresión y garantizar las condiciones a fin de que periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y cualquier persona que busca ejercer su derecho a expresarse o proporcionar información puede ejercer su derecho a la libre expresión”.
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