La poderosa y temida Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) también se equivoca y arremete contra los propios estadunidenses. Tal es el caso de Julio César Ovalle, quien caminaba por las calles de Texas la mañana del 11 de julio de 2018, cuando de pronto fue detenido por un agente de la coloquialmente conocida como ‘Migra’.
Julio, quien tenía problemas para hablar inglés debido a una ligera discapacidad, mostró al agente una identificación que certificaba que era ciudadano estadunidense, cosa que no le bastó al oficial, quien le quitó su celular y lo llevó preso al Centro de Detención del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), en Cotulla, Texas.
Ovalle nació en 1994 en California, pero después se mudó con sus padres a Texas. A pesar de contar con todos los documentos que acreditaban su identidad y la ciudadanía, el agente del CBP inició el proceso de deportación de Julio de inmediato, sin dejarlo ver a un abogado o a un juez. Ello, a pesar de que fue hasta un año después que formalmente ICE solicitó a través de un memorándum que se podían llevar a cabo deportaciones expeditas en ciertos casos.
De acuerdo con documentos del caso, el agente estaba convencido de que Julio mentía e insistía en preguntas como: “¿Por dónde cruzaste?” y “¿de dónde eres?”, mientras que el joven nacido en California insistía en que era ciudadano y que incluso podía mostrarle su pasaporte. Pero lo único que obtenía eran risas. El agente ni siquiera le permitió hacer una llamada a su padre, para que pudiera ayudarlo.
Julio pasó la noche solo en la estación y al otro día fue transferido a Laredo, Texas. Sus padres no tenían idea de dónde estaba su hijo. Menos imaginaban que las autoridades de su propio país estaban a punto de mandarlo a otro país.
En Laredo, a Julio lo hicieron firmar una serie de documentos que no entendía, pero en los que aceptaba su deportación por ser un migrante sin documentos de estancia legal. Acto seguido, lo expulsaron junto con otros migrantes a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue entonces que le devolvieron su celular y Julio, finalmente, pudo hablarle a su padre. Era la primera vez que sus padres oían de él desde que fue detenido la mañana anterior.
El papá de Julio le dijo a su hijo que lo esperara en las oficinas migratorias en Nuevo Laredo y comenzó el viaje en auto desde San Antonio, Texas, con los documentos de Julio, para que su hijo regresara.
Pero en ese lapso, ya en el lado mexicano, una camioneta conducida por personas que dijeron ser de un cártel secuestraron al joven, se lo llevaron a una casa y pidieron un rescate por él. Incluso, dejaron mensajes grabados para la familia de Julio en los que decían que lo iban a matar si no pagaban.
Entonces el papá de Julio acudió al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para exigir que su hijo fuera rescatado. La agencia constató que, efectivamente, el joven era ciudadano estadunidense y contactó a autoridades mexicanas para rescatarlo, lo cual se logró hasta el otro día, cuando sus captores lo liberaron.
Así, fue gracias a que el FBI intervino que Julio pudo regresar a su hogar… una semana después de ser detenido arbitrariamente.
El relato de estos hechos se encuentra en la demanda que Ovalle presentó contra el CBP por lo ocurrido, en la cual se explica que debido a esta situación Julio sufre de problemas emocionales y de estrés. Se detalla que incluso él intentó suicidarse, y todo debido a que un agente fronterizo actuó basado discriminación, en un perfil racial y políticas depredadoras.
Por eso solicita que el gobierno estadunidense le compense, tanto por los daños y violaciones a sus derechos, como por los gastos que tuvo que realizar para tener una defensa adecuada. Su caso se retrasó debido a complicaciones por la pandemia de covid-19 e incluso tuvo que ser reabierto, luego de que fuera desestimado por errores procesales por parte de la defensa de Ovalle.
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