Los cambios que ha realizado México en el mercado eléctrico ya hacen eco en el ámbito internacional. No sólo entre los inversionistas, también entre las organizaciones que lideran la transición hacia una economía baja en carbono.
Ramón Fiestas, el presidente del comité latinoamericano del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés) describe las nuevas reglas en el sector como un “contrasentido absoluto” hacia el rumbo orgánico que están siguiendo el resto de las economías en el mundo.
“La percepción que se está teniendo de México en todos los foros internacionales es de consternación. Nadie entiende, hay perplejidad. ¿Pero qué está haciendo México? No hay explicación racional a lo que México está haciendo”, dice en videollamada.
“Es un contrasentido absoluto que la generalidad de los países en el planeta están viendo una oportunidad de recuperar sus economías a través de las inversiones de energía renovables y que México quiera volver a los años 50 del siglo pasado”.
Y es que existe un común denominador entre la mayoría de las economías: disminuir el uso de combustibles fósiles y la apuesta hacia la inversión en energías renovables como parte de la recuperación económica tras la crisis generada por la pandemia de coronavirus.
Pero, en México, el último cambio en la jugada ha sido la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Y fue tras este cambio que el Consejo Global de Energía Eólica y el Consejo Global de Energía Solar decidieron incidir en la política mexicana, a pesar de respetar su autonomía. Un día después de la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, los organismos publicaron un pronunciamiento en el que llaman al gobierno mexicano a devolver al país hacia el rumbo de una transición energética.
México fue uno de los países firmantes del Acuerdo de París, el principal acuerdo internacional para lograr la descarbonización de las economías, y emitió la Ley de la Transición Energética, que marca el ritmo para disminuir el uso de combustibles fósiles. Pero el rumbo marcado por la actual administración enfila hacia un camino en reversa. Y el resto de los países, dice Fiestas, ya perciben el revés en la transición energética mexicana.
“Esto forma parte de unos acuerdos que son y que van mucho más allá de las decisiones que pueda tomar México (de manera individual), porque son acuerdos globales que afectan a toda la humanidad y están relacionados con la mejora de la calidad de vida y de la sostenibilidad”, dice el presidente para Latinoamérica de GWEC.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido dar prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, con ello, al resto de las centrales propiedad de la compañía. Los cambios a la ley principal del mercado dejan a la generación renovable en uno de los lugares finales de la fila. La administración federal ha decidido utilizar en primer término la electricidad producida en hidroeléctricas y el resto de centrales de la CFE, que la mayoría tiene como base combustibles fósiles, para dejar a las plantas solares y eólicas, propiedad de empresas privadas, casi al final de la cola.
“Lo que pasa en México no es intrascendente al mundo. El mundo está haciendo un esfuerzo para transitar y transformar su matriz energética hacia la descarbonización, y si alguno se queda atrás está desacoplandose con los esfuerzos que están haciendo los demás. Y acabará pagándolo, porque ya hay una serie de políticas que están orquestadas con el objeto de que se pueda caminar al unísono”, apunta el especialista.
La administración federal ha defendido la autonomía del país para legitimar cada uno de los cambios hechos al mercado que se abrió a la inversión privada y extranjera con la reforma energética. Pero, mientras, el resto del mundo ha comenzado a delinear estrategias para caminar más en firme hacia la descarbonización.
Estados Unidos se ha reincorporado al Acuerdo de París hace unos días, después de que el expresidente Donald Trump decidió no continuar en él. Y la Unión Europea ha puesto en marcha el Pacto Verde, un plan para frenar el avance climático y con un fuerte énfasis en el comercio, pues incluyen nuevos impuestos a la emisión de carbono y a los productos cuya elaboración haya incurrido en daños ambientales. A esto último es a lo que se refiere Fiestas cuando asegura que México deberá pagar por las nuevas políticas puestas en marcha.
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