El Consejo de Ministros de Italia aprobó hoy un decreto para exigir el “pasaporte sanitario” de coronavirus a todos los trabajadores, medida que entrará en vigor el 15 de octubre y que hará de Italia el primer país europeo en pedir este certificado en el empleo.
El ministro italiano de Administraciones Públicas, Renato Bruneta, explicó en la comparecencia tras la reunión que “Italia se pone a la vanguardia en el mundo” con esta decisión, que busca permitir al país afrontar el invierno en mejores condiciones de seguridad para evitar nuevos cierres por la pandemia.
Brunetta destacó que la economía italiana va a crecer en torno al 6 por ciento en el conjunto del 2021, frente a la caída del 8.9 por ciento del 2020, y que esta iniciativa también va en la dirección de proteger esta reactivación.
El certificado, válido digital o en papel, demuestra que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha pasado la enfermedad o se ha sometido a una prueba con resultado negativo en las horas previas a mostrarlo, periodo que ahora se amplía hasta las 72 horas, de las 48 de antes.
Este “green pass“, como se llama en Italia, ya se exige para determinadas circunstancias, como el acceso al interior de bares y restaurantes, gimnasios, museos o convenciones, y ahora se pedirá a todos los empleados del sector público y privado.
La ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, explicó que el Gobierno de Mario Draghi también ha reducido el precio de las pruebas de coronavirus: serán gratuitas para quienes no puedan vacunarse, costarán de 8 euros para los menores de 18 años y 15 euros para el resto, frente a los alrededor de 20 euros que cuestan ahora.
Quienes no presenten el certificado o lleven una falsificación se enfrentarán a multas económicas e incluso hasta la suspensión temporal del empleo, aunque esto no significa que puedan ser despedidos, ha dicho por su parte el ministro de Trabajo, Andrea Orlando.
“El objetivo es incrementar la seguridad en los lugares de trabajo”, añadió.
Italia tiene actualmente al 74.61 por ciento de la población de más de 12 años inmunizada contra el coronavirus, cifras similares a las de sus vecinos en la Unión Europea.
La aplicación del certificado de vacunación genera tensiones en las filas del Gobierno, especialmente con la ultraderechista Liga, cuyo líder, Matteo Salvini, trata de ganar el favor de un sector de la población que se opone a la vacunación y sostiene que este pase sanitario es una manera de forzar a la gente a inocularse las dosis si no quiere someterse a pruebas moleculares o de antígenos continuas.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la patronal y también de los sindicatos para evitar nuevas restricciones para frenar la propagación del virus, pero los representantes de los trabajadores habían pedido el miércoles en una reunión con Draghi que la vacunación se haga obligatoria, escenario que el Ejecutivo “no contempla, al menos por ahora”, según el secretario general del mayor sindicato del país, CGIL, Maurizio Landini.
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