La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los avances en la investigación del Caso Ayotzinapa, a siete años de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos.
Alejandro Encinas, titular de la dependencia, adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió una carta al primer ministro de Israel para solicitar apoyo en la extradición a México de Tomás Zerón.
Aseguró que desde la instalación de la Comisión presidencial del caso en enero de 2019, han seguido una metodología específica para obtener evaluaciones puntuales.
Dijo que el primer punto se refiere al cumplimiento de la instrucción del presidente de la República para que todas las instituciones de la Administración Pública Federal dieran toda la información que tuvieran respecto al Caso Ayotzinapa.
“Ha sido un trabajo fundamental no solo de acopio, sino de procesamiento de la información que ha servido para avanzar en otras tres áreas y para identificación de los sitios de búsqueda”, apuntó
Recordó que el objetivo fundamental de la Comisión por la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa es conocer qué pasó y dónde están los muchachos.
Indicó que se han liberado más de 31 mil 238 documentos mismos que se han judicializado y de los cuales, la gran mayoría se encontraban en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Toda la información se ha entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).+
Encinas detalló que junto con la judicialización de documentos se ha realizado la reconstrucción de los hechos, incorporando testimonios de testigos de los hechos, desde la salida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, su paso por Chilpancingo y las paradas que hicieron.
Detalló que esto ha permitido mostrar las inconsistencias de la llamada verdad histórica, puesto que se pudo comprobar que el objetivo de los estudiantes no era interrumpir el informe de actividades de la entonces presidenta del DIF, la esposa del presidente Municipal Abarca, sino que se ha acreditado la búsqueda de camiones para asistir a la marcha del 2 de Octubre.
Encinas explicó que tras el análisis de documentos, se confirmó que en ningún momento hubo vínculo entre el grupo de estudiantes y agresores además de que se confirmó que la agresión de los estudiantes se dio a través de al menos tres células articuladas con policías y sicarios de un grupo delictivo además de que los normalistas nunca estuvieron juntos durante la detención.
Confirmó que había la presencia de policías municipales de Iguala y de oficiales de Huitzuco en la detención de los estudiantes que viajaban en el autobús 1531.
También se dio a conocer que se instalaron retenes por parte del grupo Guerreros Unidos en Santa Teresa Tomatlán, en la salida a Taxco.
Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al primer ministro israelí, Naftalí Bennett, para solicitar apoyo en la extradición de Tomás Zerón, quien fue detenido por su presunta responsabilidad den el delito de tortura contra uno de los presuntos operadores y sicario de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.
Por su parte, el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, detalló que los restos óseos de los normalistas que fueron localizados en Cocula no tienen marcas de fuego, sino, únicamente, por estar más de seis años a la intemperie lo que provocó que varios de ellos ya no puedan ser analizados.
“Esto no solo desvirtúa que todos fueron quemados en el basurero de Cocula, sino que además pone de relieve la responsabilidad de quienes operaron la verdad histórica, ya que estos restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioraran hasta el punto de que muchos de ellos al día de hoy ya no pueden ser analizados”, señaló.
Indicó que hasta el momento se han rescatado más de mil piezas óseas en diversos lugares de los cuales 22 fueron enviadas a Austria, donde se identificaron los restos de los normalistas Jhosivani Guerrero y Christian Alfonso Rodríguez.
Encinas detalló también que en los últimos sietes años han muerto o han sido ejecutadas 21 personas vinculadas al Caso Ayotzinapa.
“Es un asunto en el que independientemente de que se pierden importantes fuentes de información, vamos a seguir insistiendo para que la labor de judicialización continúe”, detalló.
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