A través de un amparo un grupo de ciudadanos de Cozumel logró la suspensión provisional para la construcción de un cuarto muelle de cruceros, proyecto federal que es ejecutado por la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V. Los ciudadanos plantean innecesaria la construcción de un nuevo muelle en la isla de las golondrinas, advirtiendo afectación en materia ambiental, social y económica.
La suspensión provisional obedece al amparo que interpuso el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel con el acompañamiento jurídico del Centro contra la Discriminación AC (Cecodi) ante el Poder Judicial Federal a fin de lograr la suspensión de la obra debido a que no fue respetado el “Derecho a la Ciudad” de las personas cozumeleñas y poner en riesgo el ecosistema de la isla.
Foto: Facebook No al cuarto
El juicio de amparo fue radicado con el número de expediente 62/2022 del Juzgado Tercero de Distrito en Cancún, a cargo de la jueza Pamela López Swain, quien, mediante auto de fecha 28 de enero de 2022, admitió la demanda en los términos propuestos y tuvo como tercero perjudicado a la empresa Muelles del Caribe. Se señaló el día 28 de febrero para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
La Jueza López Swain consideró que los promoventes del amparo representan legítimamente los intereses de las personas habitantes de Cozumel y pugnan por el derecho a la ciudad y al medio ambiente de las personas cozumeleñas, razón por la que otorgó la suspensión provisional de la obra para que, sin paralizar los actos o procedimientos administrativos relativos al título de concesión de la obra, no se permita la ejecución de las obras hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Se señaló el día 4 de febrero de 2022 para que tenga lugar la audiencia incidental.
Claudia Cifuentes, una de las integrantes del colectivo No al cuarto muelle, se organiza desde hace algunos meses para protestar contra el proyecto: “Este muelle es un proyecto innecesario desde la óptica de que ya tenemos tres muelles para atraque de cruceros de gran envergadura; en los tres muelles hay siete posiciones de atraque, sin embargo, hasta 2019 no se ocupan al 100 por ciento. El hecho de que digan que el muelle tiene por objeto reactivar la economía es una falacia porque para que lleguen cruceros lo único que necesitan es llegar, pueden llegar diariamente hasta siete”.
La activista niega que el tema tenga un trasfondo político, como se ha señalado, y rechaza que detrás de los ciudadanos del colectivo exista otro interés ajeno a la oposición al muelle. Cita que además de ser innecesario este muelle, la zona en que se construirá representa prácticamente la única área de acceso a la playa pública para los habitantes de Cozumel, pues la mayor parte son hoteles, centros de consumo, pero no para acceso a la playa.
Además, en esta zona hay prestadores de servicios turísticos que no logran obtener permisos en el Parque Marino, por lo que representa una fuente de empleo y un sitio de prácticas deportivas. “Para un lugar como Cozumel, que sufre de violencia, pobreza, y tantas cosas, es una zona de esparcimiento que nos sería arrebatada; el problema del muelle está enfocado desde muchas perspectivas”, dice.
En tal sentido, acota que si bien están a favor del desarrollo, piden que se detenga el crecimiento en la isla, pues además, existe rebosamiento de aguas negras por la falta de actualización del sistema de drenaje sanitario y su colapso es inminente, por lo que no soportaría una carga mayor.
Adicionalmente, este lugar en donde se pretende construir el cuarto muelle es un área concesionada para el cuidado y cultivo de coral.
El proyecto
Dicha terminal de cruceros es uno de los 39 proyectos del Acuerdo para la Reactivación Económica que el gobierno federal y la iniciativa privada anunciaron a principios de octubre de 2020. En los primeros días de enero de este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó el título de concesión por 20 años con posibilidad de prórroga por un periodo similar a la empresa Muelles del Caribe, del empresario yucateco José Enrique Molina Cáceres, en la que se estima una inversión de 335 millones de pesos.
La terminal abarca una superficie de dos mil 354 hectáreas que incorpora un muelle en forma de “L” en una superficie de 1.16 hectáreas edificada sobre 774 pilotes de acero, permitiendo el atraque de embarcaciones con una eslora de 362 metros, manga de 66 metros y calado de 9.32 metros.
También tendrá un edificio de dos niveles en zona terrestre con una superficie de 1.1 hectárea que permita la llegada y abordaje de pasajeros hacia los cruceros y una plaza comercial abierta con establecimientos de diferentes giros, y áreas de espera para tours y excursiones. El proyecto incluye una plataforma de concreto tipo muelle sobre la que se ubicará un elevador, una escalera peatonal y tres escaleras eléctricas que conducirán hacia un puente peatonal.
Omisiones de la MIA
A través del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) el colectivo ‘No al cuarto muelle’ recaba firmas para pedir la elaboración de una consulta popular para rechazar este proyecto del que está a cargo la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V.
Adrián Villegas, especialista en química marina e integrante del colectivo, precisa que se presentaron muchas irregularidades en el procedimiento de evaluación del proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que llevó a cabo la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Mintieron, dijeron que no había especies protegidas y si hay: coral, acroporas, mangle… mintieron; pero la Semarnat hizo caso omiso de nuestras advertencias durante la consulta pública (que se realizó del 8 de abril al 6 de mayo de 2021), que fue una etapa de la evaluación del proyecto para la MIA, en donde la ciudadanía puede emitir sus comentarios, y ahí emitimos muchos aspectos que no se consideraban en la MIA”, precisa.
Entre las más de 230 observaciones durante el periodo de consulta se apuntó que, para la construcción de la terminal de cruceros, se afectaría una superficie mayor a una hectárea de vegetación en la que se hayan más de cinco mil ejemplares, por lo que requiere de una evaluación de impactos ambientales derivado del cambio de uso de suelos de áreas forestales. Además es hábitat de diversas especies de aves, reptiles, anfibios y mamíferos.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió una opinión técnica sobre este proyecto del expediente 23QR2020H0047 en el que apunta que la MIA presenta una deficiencia respecto a los ecosistemas de coral y por tanto las acciones de mitigación y compensación, entre otras, son inadecuadas considerando la magnitud del proyecto; además, no considera el arrecife Villa Blanca y las colonias de acropora ubicadas en el área del muelle.
El informe de Conanp también acota que la MIA no señala la forma de gestionar las aguas residuales, por lo que se desconocen los impactos asociados a la operación del muelle cuando se haga uso del mismo.
“El tema es que más allá del sitio de construcción en donde hay especies protegidas bajo la NOM 059, hay el tema de las aguas, en Cozumel tenemos un problema de suministro de agua potable como de manejo de aguas residuales, el manto freático de Cozumel está sobre explotado”, cita Adrián Villegas, y agrega que cuando llegan los barcos, una empresa les proporciona agua.
Los activistas aseguran que la mayor parte del tiempo, de acuerdo con estadísticas de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), hasta 2019 (antes de la pandemia) los muelles de Cozumel se ocupan al 53 por ciento de capacidad, por lo que no existe una sobre demanda.
“Imagínate que fuera cierto que van a traer más barcos, habrá un problema de agua, no sólo en agua potable, sino la de aguas residuales, lo que producen los cruceristas cuando bajan (…) la planta de tratamiento municipal está sobre saturada y crece en un 30 por ciento en temporada alta, imagina la proyección de crecimiento turístico y no sólo de cruceros, en general, sin una modernización de la planta de tratamiento”, acota.
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