CANCÚN, Q. ROO.- Roberto Borge y un grupo de colaboradores están en la mira de las autoridades estatales y federales, el actual gobierno de Quintana Roo encabezado por Carlos Joaquín González, interpuso denuncias por supuestas irregularidades encontradas en las auditorías a las cuentas públicas a la gestión anterior.
De acuerdo con información publicada en abril pasado, el gobernador en turno indicó que se presentaron cuatro denuncias a la Procuraduría General de la República y dos más a la Fiscalía estatal en contra de Borge por diversos delitos como la “venta ilegal de bienes públicos”.
En las investigaciones se le encontraron inconsistencias en las finanzas estatales por 3,200 millones de pesos, entre las irregularidades financieras encontradas, hay 800 millones de pesos que se debieron pagar a los proveedores, pero ese dinero nunca llegó a sus manos.
En la revisión de las cuentas de las finanzas públicas se encontró que las retenciones que se les hacían a los trabajadores en materia de ISSSTE, FOVISSSTE, Consar y la póliza de vida de Metlife, no se pagaron a esas instituciones.
Hasta el momento, las personas señaladas en las investigaciones, son:
Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), amigo de la infancia y muy cercano a Roberto Borge Angulo. Este ex-colaborador fue detenido el viernes 5 de mayo por autoridades estatales.
Paulina García Achah, exsubsecretaria de Desarrollo Urbano (Seduvi), se le relaciona con la adjudicación irregular de terrenos que eran reserva del estado. La exfuncionaria fue detenida en lunes 8 de mayo.
Fernando Escamilla Carrillo, extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), está relacionado por un desvío de casi 1,500 millones de pesos en obras que supuestamente se hicieron en la entidad, pero que ni se hicieron y no se tienen los documentos que respalden las obras. En los desvíos de esta secretaría están involucrados Ariel Federico Meeser Soureal y Andrés Canul.
Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y hoy diputado federal suplente, hace unos días solicitó un amparo ante el supuesto juicio político que se le sigue en el Congreso del Estado por el desvío de 1,400 millones de pesos del Fondo de Promoción Turística entre 2014 y 2015.
Eliezer Villanueva, exsubsecretario técnico hacendario de Sefiplan, está involucrado en pagos irregulares y el mal manejo de recursos que eran destinados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa).
José Alberto Ovando, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), a este político se le relaciona con recursos federales no comprobados por 390 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y por si las dudas, hace un par se semana solicitó un amparo ante cualquier contingencia.
Aunque esto no quiere decir, que las investigaciones o posibles detenciones se limiten este grupo de personas, sin embargo, de alguna manera serían las cabezas de los malos manejos e irregularidades. (Fuente: Unión Cancún).
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