CIUDAD DE MÉXICO. – El equipo de espionaje adquirido a la empresa Haking Team, que el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que se encuentra desaparecido, está operando en la fiscalía especializada en secuestros de la Fiscalía General del estado (FG).
Se le conoce como “el perro”, porque es clasificado como “un aparato de rastreo” de telefonía celular y fue utilizado en el caso Ayotzinapa “para realizar una red de vínculos” de los dispositivos móviles que estuvieron activos durante la noche de la masacre y desaparición de los 43 normalistas, informaron fuentes oficiales a Apro.
Las mismas fuentes informaron a este reportero que hasta el momento, las autoridades ministeriales siguen operando “el perro”, incluso el titular de la FG, Xavier Olea Peláez, recientemente solicitó al gobernador Astudillo la cantidad de 100 mil dólares para actualizar el software del equipo que fue adquirido el 4 de junio de 2014 por el gobierno de Guerrero a la empresa de Gilberto Enríquez, enlace del gobierno de México con la empresa italiana Hacking Team, enfocada en el uso y manejo de software para hackear computadoras y teléfonos inteligentes.
No obstante, el gobernador Astudillo aseguró que han buscado el equipo y simplemente “no lo encuentran”.
Lo que omitió explicar el mandatario es por qué no ha cumplido con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinó que la adquisición del “software interceptor de comunicación” se realizó mediante un contrato por adjudicación directa, en el que no se fundó y motivó la excepción a la licitación pública nacional, por lo que “no se acreditó” que la asignación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que garantizaran las mejores condiciones para el estado.
La compra, indica el reporte de la ASF, fue realizada por Víctor Hughes Alcocer, exsubsecretario de Administración durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Para la operación, el entonces funcionario destinó de manera “irregular” 17.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Ese movimiento benefició al consorcio vinculado con una red nacional de intervención de comunicaciones impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio. (Fuente: Proceso).
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