Un tribunal ha dictaminado que el gran emporio inmobiliario del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, desarrolló durante 15 años un sistema de pagos en negro que defraudó millones de dólares al fisco, al incurrir en una práctica continuada de fraude fiscal.
Este fallo judicial influye en la campaña del magnate republicano para volver a la Casa Blanca en 2024, aunque no se ve imputado en la causa.
La investigación fue iniciada en 2018 por el anterior fiscal de Manhattan, el demócrata Cyrus Vance Jr., y heredada por el actual, Alvin Bragg.
Se dictó una condena que sólo supondrá multas para la Organización Trump, un conglomerado de bienes raíces que explota hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo.
Será el juez que preside el tribunal el encargado de determinar la cuantía de la sanción.
Cabe destacar que la empresa se ha declarado inocente, pese a la asunción de culpabilidad del director financiero y mano derecha de Trump, Allen Weisselberg, que ha resistido a las presiones de los fiscales para implicar en la trama a su jefe.
Trasciende que la condena por un jurado podría complicar el margen de maniobra en los negocios con prestamistas, bancos y socios de la organización.
La causa se basó en acusaciones de que la Organización Trump, con sede en la Quinta Avenida de Nueva York, pagó gastos en especie, como alquileres de alto nivel y de coches de lujo, a importantes directivos de la firma, sin declarar esos ingresos, además de pagarles primas como si fueran autónomos.
“La oferta de beneficios se había diseñado para mantener a sus altos ejecutivos contentos y para garantizar su lealtad”.
Fue lo que dijo el fiscal Joshua Steinglass a los miembros del jurado durante su alegato final, el viernes pasado.
Por lo que el tribunal considera culpable a la Organización Trump de nueve cargos, entre ellos estafa, conspiración para cometer hurto mayor, fraude fiscal, falsificación de documentos comerciales y otros relacionados.
A su vez en el estado de Nueva York la Organización Trump afronta otra paralela por fraude presentada por la fiscal general Letitia James, también demócrata, al igual que su colega Bragg.
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