Quintana Roo no tiene una buena racha en poner reglas claras para apps y quienes les utilizan para trabajar. El enfrentamiento directo de taxistas contra conductores de aplicaciones como Uber provocó el lanzamiento de la Ley de Movilidad que terminó en un amparo y luego en un fallo judicial a favor de Uber.
Ahora, el Congreso del estado busca que plataformas paguen un nuevo impuesto del 2% por cada servicio que hacen y que repartidores tramiten una licencia para poder trabajar.
La iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Movilidad y ha provocado olas entre repartidores. La organización civil “Ni Un Repartidor Menos” hizo circular un boletín en el que alertan de la iniciativa y acusa que viola los derechos constitucionales de los trabajadores. Más tajante, imposible.
Similar, pero no igual a CDMX
Primero, el impuesto. La iniciativa busca que las plataformas den al gobierno local 2% de cada servicio, sea viaje o entrega. Ese dinero debería destinarse al Fondo de Movilidad del estado, según la iniciativa. Esa es una medida muy similar a como Ciudad de México legisló en su momento para obtener recursos por los viajes hechos en plataformas, una medida que ha recibido críticas porque el fideicomiso se conformó como privado y por lo tanto su uso fue poco transparente por mucho tiempo. Al cabo de varios años, el gobierno de CDMX creó un nuevo fondo público al que transfirió los recursos.
Pero hay una diferencia importante: mientras que en CDMX el impuesto se planteó como un porcentaje de cada comisión del servicio, en Quintana Roo se plantea como un porcentaje del total del pedido o viaje otorgado por las apps.
De esa manera, los repartidores organizados argumentan que el nuevo impuesto no tiene precedentes e incrementaría directamente los costos a repartidores, a consumidores y a comercios. “La medida genera una distorsión en la cadena de valor, lo que encarece precios y afecta la competitividad de los comercios“, se lee en su boletín.
Gobierno de Quintana Roo también prevé una nueva obligación para repartidores. A la letra, la iniciativa establece que deben tener permiso para operar quienes estén en el negocio de “servicio privado de transporte de repartición y diligencias“. El texto compromete al Instituto de Movilidad del estado en donde tendrían que publicar las condiciones exactas para la entrega de permisos.
Lo que sigue
La iniciativa fue planteada el 13 de diciembre y estuvo a punto de aprobarse dos días después. Ahora mismo ha sido aprobada exitosamente en comisión y el siguiente paso en su camino es ser votada en el pleno, lo cual podría pasar en algún punto de febrero.
Este mismo mes un fallo judicial invalidó que conductores de apps deban contar con una concesión, tal y como si se tratasen de taxistas.
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