Este domingo 7 de mayo la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el plan B de la Reforma Electoral, el cual fue aprobado en diciembre de 2022, estaría “sustituyendo al Congreso de la Unión” y violando la división de poderes.
“El principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión”, expuso en un comunicado.
La CJEF solicitó que se resuelvan las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), sin embargo, dichas peticiones fueron rechazadas por la Suprema Corte.
“En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (Plan B)”.
El ministro Alberto Pérez Dayán propuso anular el decreto que reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas ya que consideraba que no se estaban cumpliendo algunas formalidades durante el proceso legislativo.
Ante esto, la Presidencia precisó que todo lo mencionado es falso, además de que acusa que el ministro no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, con lo cual no examina los argumentos de todas las partes y no da cumplimiento a un artículo constitucional y a otro de la Ley Reglamentaria.
Por último se le hizo un “llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”.
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