La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, solicitó este martes a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández, un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para que sus sueldos no sean más altos que el que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La titular de la Segob recordó que la SCJN debe cumplir con el mandato del artículo 127 de la Constitución Federal, que a la letra señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República.
“Esta solicitud se realizó conforme al artículo 27, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la Segob para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, dando un plazo de cinco días para responder en qué medida la SCJN ha cumplido con nuestro texto constitucional”, indicó la Segob en un comunicado.
La solicitud hecha por Alcalde Luján se da luego de que así lo adelantara el presidente López Obrador en su conferencia matutina.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró que los ministros de la Corte perciben hasta cuatro veces más que él ─entre sueldos y prestaciones─ con lo que, acusó, violan el artículo 127 de la Constitución.
“Voy a presentar, a través de la Secretaría de Gobernación, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan, en el término establecido, por qué ellos violan la Constitución, que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República”, dijo el mandatario federal.
“Es nada más que nos expliquen por qué ellos ganan cuatro veces más que el presidente, por qué violan la constitución, si es legal lo que están haciendo, eso es lo que les voy a solicitar y espero respuesta”, abundó.
El mandatario ha emprendido una cruzada contra el Poder Judicial y, en particular, contra la Suprema Corte, luego de las fallos desfavorables sobre algunas leyes impulsadas por el actual gobierno.
El último caso fue la invalidez del “plan b” de la reforma electoral, al considerar que hubo “vicios” en la discusión y aprobación en el Congreso. Este fallo ha sido considerado por el presidente como una “invasión de poderes”.
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