El Congreso del Estado de Quintana Roo, la noche de ayer miércoles 5 de julio luego de aprobarla en la segunda sesión de su tercer período extraordinario, publicó la convocatoria para la elección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, para un período completo de 9 años, la que no es abierta al público, como se pensaba, sino restringida a instituciones y organismos.
Esta convocatoria está dirigida a instituciones de educación superior públicas y privadas en el Estado, así como a los colegios de abogados con registro en la entidad para que presenten hasta dos propuestas al cargo del nuevo fiscal.
De igual forma, entre las bases, se estipula que el actual fiscal interino, Raciel López Salazar, puede participar en esta convocatoria, si así lo proponen alguna de las instituciones y organizaciones convocadas.
De acuerdo con este documento, el plazo para la recepción de propuestas será de 5 días hábiles a partir de la publicación formal de la convocatoria
La documentación requerida deberá ser presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.
Luego de cerrado el plazo, en los 3 días siguientes, la Comisión Especial para designar al nuevo fiscal deberá cumplir la revisión de la documentación de los postulados, dando oportunidad de subsanar faltantes si así los hubiere.
Posteriormente, este cuerpo colegiado deberá elaborar el dictamen con las personas que cumplen los requisitos, mismo que presentará al pleno de la XVII Legislatura.
Finalmente, la XVII Legislatura decidirá, por votación calificada, la lista con los nombres de tres aspirantes, la cual deberá ser revisada por la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, para luego devolverla con una terna definitiva.
La XVII Legislatura tiene hasta el 21 de julio, fecha en que se cumplen 20 días hábiles desde renuncia de Óscar Montes de Oca Rosales, para presentarle la lista a la mandataria estatal, detalla esta convocatoria.
Entre los requisitos que deberán cumplir los aspirantes, según este documento oficial, se encuentran ser ciudadano mexicano, con residencia mínima de 5 años en el país, título de Licenciado en Derecho de al menos 10 años de antigüedad, y estar en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos.
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