Con la finalidad de combatir la corrupción y transparentar las finanzas públicas, el Cabildo de Isla Mujeres aprobó el Programa Anticorrupción Municipal PAM-IM, cumpliendo con el compromiso adquirido con la gobernadora Mara Lezama.
Con la aprobación del programa se cumple el compromiso adquirido por el municipio el pasado 24 de marzo con la firma de la Declaratoria de Municipios Anticorrupción, entre la Gobernadora Mara Lezama, la Secretaria de la Contraloría, Reyna Valdivia Arceo Rosado y el municipio de Isla Mujeres, encabezado por la alcaldesa, Atenea Gómez Ricalde.
En su intervención Atenea Gómez Ricalde reiteró que en Isla Mujeres no se tolerará ningún acto de corrupción que afecte a las familias isleñas y quien sea detectado actuando de manera indebida, será sancionado conforme a la Ley.
De igual forma recordó que su Gobierno se ha caracterizado por tener unas finanzas sanas y transparentes, en donde cada peso que ingresa al Ayuntamiento se destina en beneficio de las familias isleñas a través de la construcción de obras públicas de calidad, dotación de servicios públicos eficientes, programas de asistencia social, salud y educación a favor de quienes más lo necesitan, impulsando la actividad turística, cuidando el medio ambiente y protegiendo a las y los isleños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la seguridad, entre otros.}
Con la aprobación e implementación del programa, además de combatir la corrupción fomentando un Gobierno Municipal honesto y transparente, quedó de manifiesto el trabajo y la coordinación conjunta para lograrlo entre el Gobierno del Estado y el Municipal.
Previo a la aprobación del programa se realizaron sesiones de trabajo entre el municipio, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO), el Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) y Ciudadanos por la Transparencia, demostrando el compromiso entre el sector público y la Iniciativa Privada (IP) en la construcción de políticas públicas enfocadas a disminuir los efectos adversos de la corrupción.
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