CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso del Estado declaró por concluido el periodo de seis años para el que fue designado Mario Alberto Aguilar Laguardia como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), además declaró no ha lugar su reelección en el cargo para un segundo periodo por considerar que en su trabajo cotidiano no demostró poseer atributos de diligencia, excelencia, profesionalismo y eficiencia.
En la sesión ordinaria número 12, el Pleno de la XV Legislatura aprobó por mayoría el dictamen de evaluación de Aguilar Laguardia, en el encargo de magistrado numerario del TSJE, presentado por la Comisión de Justicia. En dicho documento se incluyen los motivos y fundamentos que llevaron a los legisladores a concluir que no cumplió con los requisitos idóneos para permanecer en el cargo.
En el dictamen, se señala una acusada falta de interés del magistrado Aguilar Laguardia en prepararse, capacitarse y actualizarse profesionalmente, en materia de derechos humanos y en relación al nuevo sistema de justicia penal, al nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, al nuevo régimen de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y al nuevo sistema de combate a la corrupción.
El diputado Fernando Zelaya Espinoza, secretario de la Comisión de Justicia, expuso que durante los cinco periodos de adscripción del magistrado numerario en diversos órganos jurisdiccionales, su eficiencia y productividad registró una importante declinación entre el primer y segundo periodo de adscripción, al pasar del 100 por ciento al 71 por ciento, precipitándose entre el segundo y tercer periodo, pasando del 71 al 29.9 por ciento, recuperándose en el cuarto periodo al llegar al 80.5 por ciento, para reducirse al 61.5 por ciento en el último año.
“Respecto a las averiguaciones previas y las quejas administrativas de las que dan cuenta los informes rendidos por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, si bien se determinaron improcedentes, reflejan una conducta inapropiada e inadecuada para la investidura de un alto funcionario judicial, como lo es el magistrado interesado en su reelección, denotando sus constantes problemas, lo que se traduce en un daño a la imagen institucional del Poder Judicial del Estado y en una grave afectación a la confianza de la sociedad en las instituciones, particularmente en la que se deposita la administración e impartición de justicia”, cita el dictamen.
En entrevista al término de la sesión, el Presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila informó que se notificará al ex magistrado y al titular del Poder Ejecutivo, respecto a la determinación tomada por el Pleno del Congreso para que, una vez que se realice la publicación correspondiente de los decretos, el Ejecutivo pueda enviar la terna para ocupar la vacante de magistrado numerario, procedimiento que se sujetará a lo establecido en la Constitución local y demás leyes vigentes.
En la misma sesión, se llevó a cabo la elección para la conformación de la mesa directiva que presidirá los trabajos del segundo mes de sesiones. El diputado Emiliano Ramos Hernández del PRD, fue electo como presidente mientras que la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach del PRI, fungirá como vicepresidenta.
Además, el Pleno turnó a comisiones para su análisis, una iniciativa de reformas a los artículos 89 y 106 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el diputado Alberto Vado Morales, para tipificar las penas de los llamados crímenes de odio derivados de la condición de la preferencia sexual de la víctima.
También fue turnada a comisiones, la iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Leslie Hendricks Rubio.
La diputada Jenni Juárez Trujillo, de la fracción parlamentaria del PRI, dio lectura a una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, para otorgar facultades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que diseñe programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad.
El diputado José Luis González Mendoza, presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, con la finalidad de fortalecer el parlamento abierto y para actualizar el procedimiento de presentación de iniciativas, para agilizar los procedimientos legislativos.
Finalmente, el Pleno dio entrada y turnó a comisiones la iniciativa para crear la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo; presentada por los diputados Juan Ortíz Vallejo, José Esquivel Vargas y la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, la cual tiene como propósito mejorar las condiciones de vida humana de la población rural.
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