Si bien en Quintana Roo se empieza a hacer un esfuerzo en fiscalizar a las plataformas de rentas vacacionales, en el sentido de exigir que paguen impuestos, hasta ahora no hay ningún intento para regularlos; es decir, de poner reglas que limite la oferta de esta modalidad, para así paliar los impactos negativos que genera, destacó David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano.
En entrevista, el también presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, señaló que el crecimiento sin control de este tipo de alojamiento trae múltiples consecuencias indeseadas, entre ellas la escasez de viviendas y su encarecimiento.
“En casi todas las ciudades turísticas de Quintana Roo hay una falta de vivienda, la que agrava el actual déficit de trabajadores en empresas del ramo”, explicó.
Un tema que ya es atendido en el Congreso es la trata de menores de edad, la cual no ocurre en hoteles, pues desde hace décadas cuentan con protocolos específicos en contra de este fenómeno, entre muchos otros para garantizar la seguridad de sus huéspedes y para inhibir delitos. En las rentas vacacionales, la realidad es otra, pues son muy vulnerables para ser utilizadas para toda clase de ilícitos.
El Caribe mexicano actualmente suma 136 mil habitaciones de hotel, monto que supera al de ciudades como Nueva York, y que es mayor incluso que el de todos los destinos turísticos del Pacífico mexicano combinados.
“Está comprobada la derrama económica y el beneficio social que genera la hotelería, que se estima crea 2.5 empleos directos y formales por cada habitación “, comentó el líder del sector.
La derrama económica y el empleo que generan las rentas vacacionales son difíciles de cuantificar, pero son claramente inferiores, pues solo resultan en la masificación de los destinos, con turismo de bajo costo.
“Yo haría las siguientes preguntas: ¿Dónde estuvieron las plataformas digitales durante la pandemia?, ¿mantuvieron el empleo?”, cuestionó. “¿Dónde están las plataformas cuando toca recoger sargazo? Recordemos que el 90% del sargazo es recolectado por particulares; es decir, por hoteleros”.
Por todos estos motivos, en todo el mundo, en especial en el primer mundo, distintos municipios establecen límites a estas rentas vacacionales, en cuanto a los lugares donde pueden operar, en cuanto al número de noches al año que pueden funcionar y, quizá lo más importante, estableciendo que un propietario solo puede tener un registro en estas plataformas.
“Aquí el exhorto es que los municipios en nuestro estado dejen de ‘hacerse guajes’ y que le entren, para cuidar las fuentes de empleo, el tipo de turismo que queremos, la disponibilidad de vivienda, y la seguridad de nuestros viajeros, la que viene ligada a la imagen del destino”, concluyó David Ortiz Mena.
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