Organizaciones ecologistas denunciaron que los incendios forestales que desde mediados de diciembre pasado azotan a la región de la Patagonia argentina, en el sur del país, constituyen un “ecocidio” que ya ha arrasado millas de hectáreas por falta de recursos para prevenir y combatir el fuego.
En un comunicado, Greenpeace denunció este lunes la falta de prevención, de brigadistas y de aviones hidrantes para afrontar con “seriedad” los incendios que han afectado bosques, plantaciones, pastizales y viviendas en una superficie que, solo en la provincia de Chubut, asciende a 21.000 hectáreas, un área equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.
En un verano austral en la Patagonia argentina, con altas temperaturas, escasas precipitaciones y fuertes vientos, los incendios se suceden en distintas provincias de esa región, pero la más afectada es Chubut.
El foco más grave -todavía activa- se inició en Puerto Patriada y se expandió hacia las localidades turísticas de El Hoyo y Epuyén, donde ya se quemaron 12.000 hectáreas.
El otro foco activo en Chubut está dentro del parque nacional Los Alerces (6.000 hectáreas quemadas), mientras que el foco de El Turbio (3.000 hectáreas) ya está controlado en un 90 %.
Los incendios también han afectado otras provincias de la Patagonia, como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.
“Lamentablemente, estamos viviendo un ecocidio anunciado. Venimos de un verano (2024-2025) con los peores incendios forestales de los últimos treinta años en la Patagonia, y de un invierno donde nevó y llovió poco. La sequía, las altas temperaturas, el viento y los pinos exóticos aumentan los riesgos” , señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Las causas de los incendios
El origen de los incendios es múltiple.
En el caso de Puerto Patriada, la Justicia investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.
El Gobierno argentino dijo este domingo que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”.
Sin embargo, según aclaró este lunes la Justicia, esa afirmación no forma parte de las hipótesis de investigación y, de momento, no hay imputados ni detenidos. Las pesquisas se encuentran recién en una etapa inicial.
“En Puerto Patriada, se sabe que fue por causas humanas, pero que fue intencional no está probado. Los incendios en Los Alerces y El Turbio arrancaron por rayos por tormentas eléctricas. Y en el parque nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, donde se quemaron 700 hectáreas, parece que se inició por una fogata en un área no permitida” , dijo a EFE Giardini.
Otro de los grandes incendios de esta temporada se inició el 23 de diciembre por una quema de pastizales no autorizada dentro de un establecimiento agropecuario en Monte Bagual (Río Negro), donde se quemaron 3.062 hectáreas.
Menos recursos
Sea cual fuere el origen de los incendios, los ambientalistas ponen en el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.
“Sin prevención, sin financiamiento adecuado y sin un marco legal que sancione efectivamente los delitos ambientales, el fuego deja de ser una contingencia y se transforma en una consecuencia previsible de decisiones políticas”, aseveró en un comunicado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La organización cuestionó la subejecución en 2024 y 2025 del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF); la reducción en un 71,6 % del presupuesto del SNMF para 2026; y la disolución en 2025 del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, medidas dictadas en el marco del ajuste fiscal llevadas adelante por el Ejecutivo.
Ya en el verano austral 2024-2025, el fuego arrasó 32.000 hectáreas de los bosques andino-patagónicos, los peores incendios forestales de las últimas tres décadas en la región.
Según Greenpeace, la Administración de Parques Nacionales cuenta con 400 brigadistas, cuando el mínimo debería ser de 700 para cubrir los 5 millones de hectáreas que están bajo su jurisdicción.
“La desidia gubernamental se paga con pérdida de bosques. Argentina se encuentra entre los 15 países con más deforestación del mundo y el Gobierno nacional reduce los presupuestos, lo que disminuye la capacidad de las provincias para el control de los desmontes ilegales e incendios”, afirmó Giardini.
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