Isla Mujeres.- Después de aportar los datos de prueba correspondientes, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, obtuvo de jueces de control, el auto de vinculación a proceso, para cuatro masculinos, por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión, en agravio de víctimas de identidad reservada; asimismo, cumplimentó orden de aprehensión para otro sujeto por su posible participación en el mismo ilícito.
Los sucesos por los que Guillermo “N” y Margarito “N” fueron imputados, en la primera audiencia, ocurrieron a partir del 14 de noviembre de 2025, cuando junto con otro sujeto, exigieron el pago por “derecho de piso” al administrador de un negocio ubicado en el área de playa, frente a un hotel de Costa Mujeres, en este municipio.
Le pidieron a la víctima la cantidad de 350 dólares semanales, para que lo dejaran seguir trabajando, bajo la amenaza de perjudicarlo si no pagaba. Los señalados laboraban como guardavidas en el hotel cercano al establecimiento y se encargaban de proporcionar información sobre la víctima y sus clientes. Quedaron en prisión preventiva por dos años o el tiempo que dure el proceso judicial en su contra.
Asimismo, Carlos “N” quedó vinculado a proceso, por su presunta relación en el cobro de “derecho de piso” a los taxistas del sitio de la terminal de autobuses del municipio de Benito Juárez, desde octubre de 2025; tras la imputación, el Juez ordenó prisión preventiva por el tiempo en el que se desarrolle el proceso judicial, como medida cautelar.
En una siguiente audiencia, Israel “N” fue procesado por presunta extorsión en agravio de taxistas del sitio de la terminal de autobuses de Benito Juárez. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el término de dos años.
Por otra parte, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron orden de aprehensión para Manuel de Jesús “N”, quien, junto con otro sujeto, se presentó en el puesto de tacos de la víctima, instalado en avenida Obsidiana con calle Paseo Nicté de la Supermanzana 255, con el fin de exigirle dinero para que pudiera seguir trabajando “tranquilamente”. En el término constitucional previsto, la autoridad jurisdiccional definirá su situación jurídica.
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