CHETUMAL, Q. ROO.- La directora general de Licencias de bebidas alcohólicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Layla Flores Terrazas, explicó que se podrían emprender juicios de lesividad para revocar más de tres mil patentes de alcohol que operan fuera de la ley, al haber sido autorizadas de manera irregular durante la pasada administración.
En este punto Flores Terrazas afirmó que de un padrón de 11 mil 90 establecimientos que cuenta con licencia de venta de alcohol, tres mil 327 están de forma irregular y de los cuales 800 no cuentan con expedientes.
En este sentido, comentó que durante el acta de la entrega-recepción de la pasada administración, se asentaron las irregularidades en cuanto al tema de la desaparición de tres mil patentes de alcohol en todo el estado.
Afirmó que esto ha derivado en que se generen procedimientos de revisión en primera instancia de expedientes, donde se detectaron que no cuentan con la documentación completa o se extraviaron.
“Hay otros que no cuentan con las reglamentaciones para su ubicación y por ello es que se busca su verificación y en caso de que se confirmen irregularidades se busca en qué año se expidieron esas licencias y se emite un juicio de lesividad y revocación”, explicó.
Recalcó que también se fincarán las responsabilidades administrativas en contra de exfuncionarios que emitieron y entregaron dichas licencias en todo el estado a pesar de tener conocimiento de estos hechos.
Agregó que no es una cuestión fácil y se ha tenido que trabajar puntualmente porque se debe contar con un respaldo legal en cuanto a la argumentación de la revocación en cada caso.
Es importante recordar que al inicio de esta administración gubernamental se dio a conocer que antes de que finalizara su gestión, el ex gobernador Roberto Borge Angulo había entregado tanto patentes como licencias para la venta de alcohol indiscriminadamente a sus más allegados amigos y familiares.
Además de que se había realizado la venta de las mismas a precios que iban desde los 80 pesos hasta los ocho mil, lo cual es un costo 400 por ciento por debajo de lo que establece la ley.
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