TEXAS, EU.- La ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, de 47 años de edad, está programada para el atardecer de este miércoles 8 de noviembre y hasta ahora todo parece indicar que no habrá obstáculos para que se lleve a cabo.
A horas de ser ingresado a la cámara de la muerte, el Tribunal de Apelaciones de Texas denegó un último recurso de clemencia presentado por la defensa del mexicano. También fueron ignoradas las solicitudes para frenar la ejecución del gobierno mexicano y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR).
Cárdenas fue hallado culpable y sentenciado a pena de muerte por la violación y asesinato de su prima Mayra Laguna, de 16 años de edad, en 1997. Según registros judiciales, durante un interrogatorio que duró horas, el acusado admitió que había entrado al cuarto de la adolescente a través de una ventana, la había secuestrado, violado, asesinado y luego había abandonado su cuerpo cerca de un canal.
La defensa ha argumentado que se violaron los derechos como extranjero de su cliente cuando este fue detenido sin ser notificado al consulado de su país. Por esta razón, lo privaron de recibir asistencia legal adecuada.
Los abogados del mexicano intentaron también conseguir que se frenara la ejecución para que se realizarán pruebas de ADN que, según ellos, podrían haber probado la inocencia del reo, pero que el Tribunal de Apelaciones de Texas empleó “tecnicismos legales” para bloquear ese recurso, según dijo la defensa a Associated Press.
Maurie Levin, una de las abogadas de Ramírez, había argumentado también, pero sin éxito, que las autoridades solo consiguieron obtener una confesión de su cliente tras 22 horas de aislamiento y de un intenso interrogatorio policial.
“Esta posible ejecución es de fundamental preocupación para el gobierno de México porque nosotros creemos que la pena capital es una sanción cruel, inhumana, dado lo irreparable de sus efectos, la imposibilidad de que sea graduada y porque, por supuesto, atenta contra la vida de un ser humano”, dijo Jacob Pardo, director general de protección a mexicanos en el exterior.
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