CANCÚN, Q. ROO.- Esta tarde, aproximadamente a las 13:00 horas, llegará a México el exgobernador quintanarroense Roberto Borge.
La Cancillería de Panamá informó que “este jueves 4 de enero, a las 10.00 (hora local) (15.00 GMT) Panamá completará la extradición del ciudadano Roberto Borge Ángulo a los Estados Unidos Mexicanos”.
La salida del exgobernador se dará en las inmediaciones del hangar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, adyacente al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país. Llegará al hangar de la PGR en la Ciudad de México.
Tal como ha dado a conocer el gobierno estatal, Borge no será trasladado a Quintana Roo, será llevado a un penal del centro del país.
La FGE mediante los recursos legales que establece la Ley de Amparo logró que se fijara la cantidad de 85 millones de pesos para garantizar los efectos de la suspensión en el juicio de amparo que interpuso la defensa. Hasta ahora esta cantidad no ha sido cubierta.
Piden castigo
Por su parte, en el estado la expectativa del juicio que se le iniciará al exgobernador Borge en México es la de que concluya con una condena ejemplar y se confisquen los bienes desfalcados al estado.
El dirigente de la Barra de Abogados en Quintana Roo, Luis Ezquiel Orozco, dijo que es muy probable que en el caso del exgobernador Borge Angulo pague la fianza impuesta y quede en libertad.
Además, dijo, no todo se debe centrar en el exgobernador, pues existen al menos otras 39 denuncias por las que apenas han sido detenidos cuatro exfuncionarios, ante lo cual el gobierno de Carlos Joaquín no debe darse por satisfecho y pugnar por que se haga justicia.
Mientras tanto Eloy Peniche Ruiz, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, dijo que la Fiscalía de Quintana Roo debe asegurarse de que el procedimiento en contra del exmandatario sea lo más sólido posible para evitar que queden impunes los delitos cometidos.
Comentó que no se debe caer en las especulaciones sobre la probable condena que se le impondrá al exgobernador, pero se debe exigir que las autoridades ministeriales cumplan con su trabajo para documentar de la menor manera posible los delitos o en su caso deslindar responsabilidades y evitar que se castigue a quienes no hayan cometido ninguna irregularidad.
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