CANCÚN, Q. ROO.- Con menos de un año en el cargo, el fiscal Miguel Ángel Pech Cen ha dado resultados al frente de la Fiscalía General del Estado. Desde el inicio una de las prioridades fue la captura de aquellos exfuncionarios que vaciaron las arcas del estado, y que repararan el daño causado a los quintanarroenses.
En ese marco se creó la Fiscalía Especializado en Combate a la Corrupción, que se ha dado a la tarea de conformar los expedientes contra los exfuncionarios borgistas y sustentar debidamente las carpetas de modo que los jueces otorguen las respectivas órdenes de aprehensión.
Hasta ahora 10 exfuncionarios han pisado la cárcel, incluyendo al exgobernador Roberto Borge Angulo, quien fue capturado en Panamá en junio de 2017 y extraditado a México en enero de este año y que espera en un penal de Morelos el inicio de su juicio.
Pese a lo amplio de la red de corrupción del exmandatario y a que muchos de los exfuncionarios huyeron del estado o bien se ampararon para evitar ser detenidos, con el paso de los meses han ido cayendo uno a uno.
Los detenidos hasta ahora son:
1.- Mauricio Rodríguez Marrufo.- Exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Fue el primero en caer; lo detuvieron el 5 de mayo de 2017 en Cancún al término de un evento oficial. Se le vinculó a proceso y estuvo siete meses en prisión. La Fiscalía obtuvo de un Juez una sentencia condenatoria en contra de Rodríguez Marrufo, quien realizó el pago de 39 millones 733 mil 176.81 pesos, por el desempeño irregular de la función pública, con lo que quedó libre.
2.- Paulina García Achach.- Exsubsecretaria de Seduvi. Fue detenida el 8 de mayo de 2017. En su audiencia el juez determinó que podía seguir en libertad el proceso que se le sigue por el delito de desempeño irregular de funciones, para lo cual le fijó una garantía por 39 millones de pesos. García Achach dejó en garantía seis propiedades ubicadas en el municipio de Cozumel, así como un vehículo Audi, propiedades que quedaron bajo resguardo del juzgado correspondiente. La exfuncionaria debe firmar ante el juzgado cada 15 días y no puede salir del país.
3.- Roberto Borge Angulo.- Exgobernador de Quintana Roo. Fue detenido el 4 de junio en Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo a Francia. Pasó siete meses en ese país hasta que las autoridades panameñas concedieron su extradición. Llegó a México el pasado 4 de enero.
Un juez federal de control le dictó auto de vinculación a proceso en el juicio en su contra por el delito de lavado de dinero, por lo cual fue trasladado al penal federal 16 en Morelos, donde llevará el proceso en prisión preventiva justificada.
4.- Carlos Acosta Gutiérrez. Exdirector de VIP Saesa. Fue detenido el 4 de julio de 2017 en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en el expediente 151/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública. Derivado del trabajo realizado por los fiscales adscritos al Tribunal de Juicio Oral, se obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en su contra, por lo que enfrenta su proceso en prisión.
5.- Víctor Loyola.- Exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Fue detenido el 3 de septiembre de 2017 en el estado de Yucatán, relacionado con la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública. Se logró su imputación y actualmente enfrenta su proceso en prisión.
6.- Erce Barrón.- Exdirector de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo). Fue detenido el 27 de noviembre en Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en la Carpeta Administrativa 151/2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública. Se le vinculó a proceso y pasó 50 días en prisión, hasta que sus abogados lograron hacer válido un amparo en su favor, por ello seguirá su proceso en libertad.
7.- Ana Alicia Rivera Galera.- Exdirectora de recursos financieros de CAPA. Fue detenida el 28 de noviembre de 2017. Se le acusa del delito de peculado dentro de la Carpeta Administrativa 308/2017. Fiscales del Ministerio Público lograron obtener de un Juez de Control auto de vinculación a proceso en su contra, además de embargarle un predio, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, y dos vehículos, como garantía para reparación del daño causado a la administración pública estatal.
8.- Paula González Cetina.- Exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Fue detenida el 3 de enero. La Fiscalía General del Estado le solicitó al juez que le impusiera prisión preventiva justificada, la que fue otorgada, por lo que fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso) dónde permanecerá el tiempo que dure su proceso.
La funcionaria de la administración de Roberto Borge Angulo es acusada de desviar mil 50 millones de pesos que recibió la paraestatal de Aguakan como contraprestación por la concesión del servicio de agua potable en Solidaridad, además de extender el contrato en los municipios que ya brindaba el servicio hasta el año 2053. El dinero fue enviado a una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación a las pocas horas de recibirlo, sin saberse el destino del dinero.
9.- Gabriel Mendicuti. Exsecretario de Gobierno. Fue detenido el 21 de enero de 2018 al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, en agravio al patrimonio del Estado y daño por 534 millones de pesos, delito que se sigue en la carpeta de investigación 151/2017.
La Fiscalía estatal logró que el Juez de Control lo vinculara a proceso y decretara prisión preventiva justificada por dos meses para el cierre de la investigación complementaria, además de que se mantendrá el embargo de 19 bienes inmuebles y 21 automóviles de su propiedad.
10.- Mauricio Góngora.- Expresidente municipal de Solidaridad. Fue detenido el 25 de enero de 2018. El fiscal Miguel Ángel Pech Cen confirmó que son tres órdenes de aprehensión en su contra por tres carpetas de administrativas, la primera por Desempeño Irregular de la Función por el quebranto de 594 millones de pesos, la segunda por la Carpeta de Peculado por 5 millones de pesos y una tercera por peculado por 155 millones de pesos.
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