CHETUMAL, Q. ROO.- Para que la Auditoría Superior del Estado cuente con un marco jurídico actualizado y de vanguardia, la Diputación Permanente del Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa para crear el reglamento interno de dicho órgano autónomo, con el que se busca mejorar el desempeño interno para la fiscalización de las cuentas públicas.
En la sesión número 3 de la Diputación Permanente, se dio lectura a la iniciativa presentada por los diputados Emiliano Ramos Hernández, Gabriela Angulo Sauri, Ramón Javier Padilla Balam, Mario Baeza Ruiz y Luis Ernesto Mis Balam, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura.
De acuerdo con la propuesta, se busca especializar las actividades legales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Aseqroo, creando los departamentos de Substanciación, Procedimientos Legales y Contencioso, los cuales estarán encargados de llevar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por faltas graves en la propia Auditoría Superior, dar asesorías a todas las direcciones del órgano fiscalizador en las cuestiones jurídicas que requieran para un mejor desempeño de sus atribuciones y llevar todos los procedimientos legales en los que la Auditoría sea parte.
También se propone establecer facultades a la Dirección de Informática para actualizar sus conocimientos en los avances tecnológicos y aplicarlos en la modernización del órgano fiscalizador.
A la sesión de la Diputación Permanente, que estuvo presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, asistieron los diputados Carlos Mario Villanueva Tenorio, Eduardo Martínez Arcila, Luis Ernesto Mis Balam, Gabriela Angulo Sauri, Jesús Zetina Tejero y José Luis González Mendoza. También se contó con la presencia de los diputados Manuel Tirso Esquivel Ávila y la diputada Yamina Rosado Ibarra.
Posteriormente, sesionó la Comisión Anticorrupción Participación Ciudadana y Órganos Autónomos que preside la diputada María Yamina Rosado Ibarra, para continuar con la verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley para la presentación de iniciativas ciudadanas.
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