CIUDAD DE MÉXICO.- Terminó un sexenio e inició otro con un gran pasivo: la Procuraduría General de la República (PGR) y su falta de contundencia para hacer justicia efectiva. Basta mencionar casos específicos y fenómenos de seguridad que han flotado en el ambiente de la agenda pública de los últimos 6 años para darnos una idea de los grandes pendientes: desaparecidos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Odebrecht, los Duartes, Borge y demás exgobernadores; los feminicidios y los periodistas muertos.
Como un marco a todo ello, la transición aún lograda de la PGR a la Fiscalía General de la República, que tendría carácter autónomo al gobierno federal y de largo alcance. Pero eso se ha “hundido” en las pugnas políticos y los intereses a corto plazo; basta recordar que el 23 de septiembre de 2014, Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados su iniciativa para crear la Ley de la Fiscalía, pero la mayoría priista no alcanzó los consensos necesarios para aprobarla. De eso ya pasaron cuatro años y contando.
Mientras todo eso pasaba, los expedientes comenzaron a apilarse. Sin orden de importancia, ni mucho menos por demeritar a algún otro, pero están los de grandes eventos: los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, ahora con la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad; las supuestas 22 ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México; los 6 muertos y 108 lesionados en Nochixtlán, Oaxaca al intentar el desalojo de una protesta magisterial.
De ahí podemos saltar a los exgobernadores de prácticamente todos los colores partidistas. Nombres por todos conocidos y con carpetas de investigación que dieron resultados desiguales pero que coinciden en lo mismo: no hay sentencia definitiva. Ahí está Javier Duarte de Veracruz, cada vez más cerca de salir libre; el chihuahuense César Duarte quien obtuvo un amparo luego de que un juez federal determinó que las imputaciones de la PGR carecían de competencia. Y podemos igual hablar de los tamaulipecos Eugenio Hernández o el extraditado Tomás Yarrington; es vigente la presión para ver a alguno de ellos con sentencia definitiva.
En un carril paralelo, el que para muchos es “el elefante en la sala”, el caso Odebrecht. Expertos juristas y del derecho coincidente en que la PGR debe articular una investigación de principio a fin, que esclarezca a todos los posibles involucrados, a partir de la cual sea posible adjudicar o deslindar responsabilidades con prueba en la mano.
Entonces podemos marcar dos grandes pendientes que como institución la PGR simplemente se mostró ineficiente e incompetente para conseguir su labor esencial: justicia. Porque justo falta una revisión a fondo de los periodistas asesinados; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto al menos 44 informadores fueron asesinados y cerca de 2 mil fueron agredidos, según datos de Artículo 19.
El último gran pendiente tiene que ver ni más ni menos que con la mitad de la población mexicana. De 2014 a 2017 en México fueron asesinadas 8 mil 904 mujeres, pero solo se investigaron como feminicidios 2,188 casos, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Hasta ahora, nadie acusado y sentenciado de manera formal por matar periodistas, mucho menos los motivos para “silenciarlos” de esa manera. En las mujeres, son las procuradurías locales las que se anotan “algunos” triunfos. De ese tamaño es el reto de la PGR en el sexenio que inicia y de forma eventual, que no solo sea un cambio “cosmético” el de la Nueva Fiscalía.
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