CIUDAD DE MÉXICO.- Tres de seis defensores del agua de Tlanixco fueron puestos en libertad tras la intervención en el caso de la la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Front Line Defenders, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.
A petición del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, la ONU estudió el caso a través de sus relatorías y encontró irregularidades al debido proceso penal por lo que el gobierno federal tomó su recomendación y entabló las diligencias para que se revisara el caso.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió la revisión del caso y tras comprobar las deficiencias en el proceso, las autoridades mexiquenses ordenaron la reposición del juicio penal.
Este fin de semana, en una maratónica diligencia, el juez en turno admitió el “desistimiento” en contra de la acción penal de los indígenas nahuas que fueron acusados por privar de la vida a un hombre del poblado de Villa Guerrero por la disputa del líquido que se origina del volcán nevado de Toluca.
#EnEsteMomento Después de 13 y 12 años en prisión, salen libres Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, defensores del agua en #Tlanixco
Reporta @lydicar pic.twitter.com/NILSHVNsPh— Pie de Página (@PdPagina) February 18, 2019
Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez lograron su libertad luego se ser sometidos en 2006 por agentes ministeriales y encarcelados de forma inmediata. Durante once años estuvieron presos y en diciembre de 2017 se les dictó sentencia de 50 años de prisión, la cual fue cancelada el pasado 17 de enero, pues se ventilaron violaciones al debido proceso.
Marco Antonio Pérez, Dominga González y Lorenzo Sánchez comparecieron ante un juez mexiquense para argumentar su inocencia en el penal de Santiaguito, de Almoloya de Juárez.
Desde el pasado 17 de enero el Poder Judicial del Estado de México ya se había pronunciado por irregularidades en el caso, en esa ocasión ordenó reponer el procedimiento legal en contra de los activistas para que pudieran contar con intérpretes de su lengua indígena.
En 2001 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) canceló la concesión de uso para la comunidad nahua y el gobierno mexiquense entregó el río para el cultivo de flores a la Asociación de Floricultores del municipio Villa Guerrero (ASFLORVI), dirigida y fundada en 1991 por Rodolfo López Iturbe.
Esta unión integra a alrededor de 600 socios –entre ellas empresas extranjeras– y provee a la Central de Abastos. Ocupa más del 50 por ciento de espacio en venta de flores y hortalizas a nivel nacional.
Autoridades estatales ofrecieron al pueblo un pozo artesanal, pero la disponibilidad del agua no era suficiente para sus actividades de siembra. Por ello, los habitantes de Tlanixco se organizaron y sus representantes se ampararon y comenzaron una lucha por el agua.
Mientras que los empresarios de Villa Guerrero los acusaron de Tlanixco contaminar o ensuciar el agua del río Grande a propósito.
A finales de 2016 se conformó un Comité de Agua de San Pedro Tlanixco para administrar un pozo que la Alcaldía de Tenango del Valle instaló para la comunidad indígena. Pero antes de eso, a raíz del despojo, el suministro de agua potable era mediante pipas.
Sin embargo, Lorenzo Sánchez, Marco Antonio Pérez, Dominga González, Téofilo Pérez, Pedro Sánchez y Rómulo Arias permanecieron presos en el penal de Almoloya de Juárez, esto luego de que muriera Alejandro Isaak Basso al caer de un acantilado. Ellos fueron culpados de homicidio por el accidente.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) señaló de “terroristas” a algunos habitantes y de haber llamado “a un linchamiento” a través del sonar de campanas, un acto que forma parte de sus usos y costumbres, ha documentado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
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