El pasado 2 de mayo, en la conferencia “mañanera” del presidente de la República, apareció Carlos Domínguez Jr., hijo del periodista tamaulipeco, quien fuera cobardemente asesinado de 24 puñaladas en enero de 2018. Allí, le solicitó a Andrés Manuel López Obrador justicia para su padre, quien investigaba a 128 empresas “fantasmas” presuntamente usadas para desvíos de recursos en la administración de Carlos Canturosas, como alcalde de Nuevo Laredo.
Apenas dos semanas después, la agencia de noticias Notimex, propiedad del gobierno, publicó un “documental” en el que un supuesto defensor de Derechos Humanos, de nombre Raymundo Ramos, difamó al comunicador fallecido, al que acusó de ser “extorsionador”, sin tener sentencia condenatoria de juez alguno.
Al ver esto, el hijo agraviado pidió a Notimex su derecho de réplica, pero increíblemente éste fue negado por su directora, Sanjuana Martínez. Al ser esto una violación a la constitución y a la ley reglamentaria en la materia, la víctima inició un juicio civil contra la agencia y la directora.
Así, Sanjuana Martínez puede contar entre sus “logros” el hacer que, por primera vez en su historia, Notimex fuera demandado por negar un derecho de réplica.
Ayer, la diputada federal María Guadalupe Almaguer Pardo solicitó la comparecencia de esta directora para que explique el aparente uso indebido de la función pública, difamación y ataques contra periodistas desde Notimex, con recursos públicos.
Esperamos sanciones por este atropello al derecho de las víctimas y por negarse un derecho constitucional garantizado a todos los mexicanos.
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