CIUDAD DE MÉXICO.- La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de juicio político en contra de la ex titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos, además, entre las sanciones está la inhabilitación hasta por 20 años.
Con 12 votos a favor y uno en contra de la diputada del PRI, Ivonne Álvarez, la instancia legislativa dictaminó que procede el juicio político en contra de la ex funcionaria, por ello este jueves las comisiones unidas de Gobernación y Justicia discutirán y votarán este dictamen; en caso de que se apruebe será la Sección Instructora la que resuelva en un plazo de 60 días si el dictamen se somete a votación del pleno cameral o se desecha.
En entrevista la copresidenta de la Subcomisión de Examen Previo, Rocío Barrera, adelantó que será un proceso largo y estimó que en febrero de 2020 se determine si el dictamen de juicio político se somete a votación del pleno de la Cámara de Diputados, en caso de que ocurra, como órgano de acusación deberá dar conocimiento al Senado para que en órgano otorgue sentencia y haga la resolución final.
“Es un proceso bastante largo que, de acuerdo a los plazos establecidos, estaría concluyendo en febrero; sin embargo, el trabajo que se está haciendo en esta subcomisión no sólo es en contra de una sola persona sino de todos aquellos funcionarios que no hayan cumplido con las obligaciones y funciones que les fueron conferidas”.
“Y no de otras administraciones sino también de esta cuarta transformación que es un precedente que estamos dejando; es la primera ocasión que se inicia un procedimiento en Subcomisión de Examen Previo”, detalló la diputada de Morena.
Entre las implicaciones que tendría que sea sometida a juicio político están el aumento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pues en septiembre la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años, pero en caso de ser sometida a juicio político el periodo podría aumentar.
“Son procesos diferentes; sin embargo, el resultado aquí es un tema más político y puede ser un tema de inhabilitación; que sabemos que ya hay una inhabilitación por 10 años hacía ella que se puede incrementar en la resolución que haga la Sección Instructora”, agregó la legisladora.
Detalló que el juicio político procede cuando se incumplen funciones o, en este caso, cuando hay un daño al erario público como en el caso del presupuesto etiquetado a las universidades del que no hay indicios y también por violar derechos humanos y las facultades que le fueron conferidas como servidora pública.
Aseveró que la subcomisión tiene 129 expedientes por resolver, entre ellos se encuentran solicitudes de juicio político contra el ex presidente Enrique Peña Nieto. (Vanguardia)
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