Cancún.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se pronunció en contra de la construcción del hotel Riu Riviera Cancún, debido a que triplica la densidad que originalmente estableció para la Tercera Etapa de la zona turística y rebasa las capacidades de la autoridad para dotar de servicios al sitio.
“Estoy en contra de ese hotel, porque altera el uso de suelo y la densidad, que se fue a tres veces lo original. No estamos de acuerdo, estamos analizando jurídicamente qué se puede hacer.
“Obviamente no queremos espantar la inversión, pero tampoco que nos tomen el pelo. Riu está muy audaz si cree que yo le voy a aceptar una edificación de ese nivel. Te digo de entrada que va pa’tras”, afirmó el director general del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, en entrevista con EL UNIVERSAL.
El funcionario federal se comprometió a revisar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los antecedentes del caso y calificó como “un insulto” el haber multiplicado la densidad de cuartos y la altura de los edificios en la zona.
“Es un insulto porque está triplicando la densidad original. Le estamos dando en la torre al lugar, en serio. Si quieren que se vayan, están perjudicando. No estamos de acuerdo, esas súper densidades son corrupción, no me vengan con cosas. Yo no estoy de acuerdo y vamos a ver cómo impedimos que se consolide una cosa que está evidentemente mal aspectada desde el principio. ¡A la goma!.
“Pueden venir los de Riu a hablar con el presidente (Andrés Manuel López Obrador), con quien sea, pero yo también puedo hablar con él y explicarle que no estamos de acuerdo porque es una arbitrariedad. La comunidad tampoco está de acuerdo. Eso no va a avanzar”, sostuvo.
Aunque el capítulo para Riu inició en noviembre de 2014, cuando adquirió el predio a “Residencial Nizuc del Caribe”, en 38 millones de dólares, con el compromiso de “coadyuvar” para obtener los permisos ambientales correspondientes al cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la autorización de impacto ambiental, la historia del caso se remonta a años atrás.
El uso de suelo con clave TH para el predio, establecida por el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU- 2005), respetaba los parámetros fijados por el Fonatur, que autorizaban hasta 75 cuartos por hectárea y una altura máxima para edificios, de tres niveles.
Sin embargo, actualización hecha al PDU-2005, modificó las densidades en varios puntos de la zona turística, entre ellos, la de ese predio, cuyo uso de suelo cambió de clave a Th/ 20/ Q, aumentando los parámetros de construcción a 270 cuartos por hectárea y alturas de hasta 20 pisos.
Las reformas a ese instrumento de planeación urbana se adjudicaron al gobierno del entonces alcalde, Paul Carrillo de Cáceres, en 2014, que dejó sin efecto la actualización hecha al PDU por su antecesor, Julián Ricalde Magaña, un año antes.
Sin embargo, José María Ortega Padilla, contratado por la firma RIU, aclaró en entrevista con este diario, que las modificaciones hechas al PDU-2005, para que la densidad del predio comprado por la empresa española en 2014, se triplicase, fueron hechas por el gobierno de Ricalde Magaña, con la actualización 2013-2030.
La administración de Carrillo de Cáceres dejó sin efecto ese PDU y creó la versión 2014-2030, pero mantuvo el aumento de densidad de 270 cuartos por hectárea en ese predio, junto con el resto de parámetros urbanos ahí aplicables. La actualización hecha por el siguiente edil, Remberto Estrada, conservó esos mismos parámetros, que se encuentran vigentes.
“No se hizo un traje a la medida de Riu. La empresa ni siquiera había entrado a la película cuando se dieron esas modificaciones de densidad. No se hizo un PDU a la medida de Riu”, atajó el abogado, al negar que se hubiese favorecido a la cadena española propiedad de Luis y Carmen Riu.
Como contexto, resalta que los parámetros de construcción para ese predio, cambiaron desde 2013, pero no cobraron vigencia hasta el 30 de noviembre del 2014, cuando el PDU 2014-2030 se publicó en el Periódico Oficial de Quintana Roo, es decir, días después de que Riu –a través de su filial en México MX Riusa II- compró el terreno a “Residencial Nizuc del Caribe”.
El dato está asentado en la escritura pública 76,394 protocolizada por el notario 30, Miguel Cámara Patrón y fechada el 13 de noviembre de ese año. La propiedad se vendió bajo la modalidad Ad Corpus, con una serie de condicionantes entre la empresa vendedora y Riu, vinculadas a la obtención de los permisos ambientales, detalles publicados por EL UNIVERSAL el 16 de marzo de 2015.
Después de cinco años de litigios legales, la firma española inició el lunes pasado, la construcción del nuevo centro de hospedaje, consistente en un edificio de siete niveles y una torre de 16 pisos con 530 habitaciones en total, áreas recreativas, cuatro piscinas, miniclub, dos bares acuáticos, vestidores, toalleros, zona de recepción, restaurantes y servicios, área de albercas y sótanos de estacionamiento, en 63 mil 024.15 metros cuadrados.
Las obras se desarrollan en un predio costero, localizado en el Lote 72-03, Manzana 55, en Punta Nizuc, en donde operan ya hoteles como el Nizuc o el Club Mediterrané.
Ortega Padilla manifestó que si bien enfrentan amparos, estos aún se encuentran en trámite y vaticinó que no procederán, como no han procedido las baterías de recursos jurídicos que ha promovido Promotora Punta Nizuc, operadora del hotel Nizuc, ubicado a un costado de donde Riu construye su hotel.
También negó que al estar judicializada la autorización de impacto ambiental del proyecto, ello impidiera utilizarla como parte de los trámites para obtener la licencia de construcción que expidió el ocho de enero pasado, el gobierno de Cancún.
“Todos los asuntos en el fuero federal han sido solventados a favor de MX-RIUSA II. El tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahí también se declaró improcedente. No hay nada que, jurídicamente, pueda frenar la ejecución del proyecto, porque todo se ha hecho bajo cauces legales.
“No se pudo acreditar, en ningún caso, el interés jurídico de quienes demandaron, ni daño ecológico y tampoco hay evidencia de ninguna ilegalidad”, aseguró.
FUENTE: EL UNIVERSAL
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