Agencia EQR
CHETUMAL, Q. ROO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional por límites entre Quintana Roo y Yucatán, promovida por el vecino estado en contra de la entidad, tras las últimas reformas y la publicación de un nuevo mapa para esta demarcación.
Con esta determinación, la SCJN impide a Quintana Roo afectar el territorio de Yucatán al admitir la controversia constitucional promovida por los tres poderes del estado.
Al admitir a trámite la controversia, la SCJN concede la suspensión con efectos inmediatos de la determinación del Congreso de Quintana Roo para modificar unilateralmente su zona limítrofe con Yucatán.
De acuerdo con el documento firmado el pasado 7 de agosto por el ministro Eduardo Medina Mora, la controversia constitucional se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Yucatán con la personalidad que ostentan en representación de este estado.
El documento también requirió a Yucatán para que especifique superficies, coordenadas y límites que afirma le pertenecen, en particular, de los municipios de Tixcacalcupul, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax.
En su oportunidad, representantes de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo de Quintana Roo coincidieron en que este nuevo recurso legal es una oportunidad para recuperar aproximadamente diez mil 200 kilómetros cuadrados de territorio que en su momento se “perdieron”, al quedar archivada la controversia anterior.
Por su parte, las autoridades de Yucatán afirmaron, mediante un comunicado que, con la admisión a trámite de la controversia, la SCJN impide a Quintana Roo afectar al territorio yucateco, y otorga la suspensión, con efectos inmediatos de la determinación del Congreso local, en cuanto a la modificación de la zona limítrofe.
Finalmente, informó que la SCJN notificará en los próximos días a la parte demandada (Quintana Roo), Campeche y los municipios yucatecos involucrados, estos en carácter de terceros interesados, para que realicen las manifestaciones que convengan a Derecho. (Con información de Milenio/ El Financiero)
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