PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Vecinos de Puerto Morelos a través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciaron una presunta red de corrupción entre autoridades del municipio gobernado por Laura Fernández Piña, para favorecer a grupos del PRI, entre ellos al también ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo.
Esta red se encarga de despojar a los reales dueños de terrenos en la zona costera del municipio llamada Punta Brava, los cuales están valuados en millones de dólares.
Araceli Domínguez, vocera de los propietarios afectados, mediante una carta enviada al presidente en junio de este año, denunció la falsificación de documentos, firmas y sellos para que la Tesorería de Puerto Morelos cobrara prediales, incluso que se encontraban fuera del municipio, es decir con coordenadas geográficas correspondientes a Groenlandia y Europa.
De acuerdo a un reportaje publicado por la periodista Lydia Cacho, la denuncia pone al descubierto la corrupción entre empresas desarrolladoras con sede en Yucatán, notarías públicas de los estados de Puebla y Quintana Roo, así como del Comisariado Ejidal, el Registro Público de la Propiedad, la dirección de Catastro y la Tesorería de Puerto Morelos, para otorgar a grupos a fines al PRI, alrededor de 60 predios en la zona costera del municipio de Puerto Morelos, la Ruta de los Cenotes y Leona Vicario.
Lydia Cacho señala que la administración encabezada por Laura Fernández ha aceptado pagos del predial de lotes con coordenadas de Europa del Este y Groenlandia; a nombre de personas ya fallecidas o bien de prestanombres ligados al PRI que viven en zonas humildes, y quienes son supuestamente propietarios de predios con valor de millones de dólares.
Es decir que, con estos pagos de predial facultan a los supuestos dueños a bardear e iniciar obras sobre los terrenos despojados, en tanto los verdaderos dueños de los lotes tienen que iniciar un juicio de despojo, mientras son amenazados por grupos paramilitares o acosados con demandas laborales de supuestos ex empleados, las cuales se resuelven en 48 horas por tribunales locales, donde “casualmente” trabajan los hijos de los notarios o servidores públicos involucrados en los despojos.
Dicha red de corrupción fue explicada por Lydia Cacho en entrevista con Aristegui Noticias, donde indicó que este es su modus operandi.
Araceli Domínguez, también acusó en la carta dirigida a AMLO, que la Tesorería de Puerto Morelos, a cargo de Eligio Sierra Peña, bloquea a los verdaderos dueños y favorece los pagos de los prestanombres y empresas desarrolladoras.
“Eso sí, a los particulares que estamos empadronados no nos dejan ni pagar el predial, gracias al bloqueo a modo que realiza la alcaldesa Laura Fernández, pero a los que nos están robando y amenazado de muerte les permiten pagar como si fueran propietarios”, estableció una de las víctimas en el reportaje de Lydia Cacho.
Eligio Sierra Peña es Tesorero Municipal de Puerto Morelos desde principios del 2018 y cercano colaborador de la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, a quien pagó incluso su fiesta de cumpleaños según denunciaron en medios de comunicación locales, trabajadores del Ayuntamiento que fueron obligados a asistir al evento.
Eligio Sierra, también fue colaborador del ex gobernador Mario Marín, mejor conocido como “El gober precioso”; entre 2005 y el 2008.
Eligio Sierra Peña habría iniciado precisamente su carrera política en Quintana Roo cuando el “gober precioso”, a través de Javier López Závala, operó la detención de la periodista en Cancún, tras la aparición de su libro “Los Demonios del Edén” en el cual acusaba al llamado Rey de la Mezclilla y al entonces gobernador de Puebla.
El servidor público seguía en funciones hasta este año, pero se sabe que busca convertirse en Auditor del Estado de Puebla para tratar de tener un fuero que le permita evadir una posible responsabilidad en caso de que el gobierno federal inicie la indagatoria correspondiente, como piden los denunciantes en su carta al presidente de la República.
Entre otros presuntos responsables de las invasiones de terrenos y despojos están también el entonces director de Catastro del Ayuntamiento, Erick D. Estrella Matos, quien emitió cédulas catastrales falsas.
Lydia Cacho establece en su investigación que el gobierno de Laura Fernández, lleva a cabo una estrategia de acaparamiento ilícito de tierras en la zona costera, nuevos allanamientos con grupos armados bajo protección política de los ex gobernadores del PRI.
Por otro lado, mientras Laura Fernández asegura que el conflicto de terrenos en Punta Brava se debe a un pleito entre privados, los afectados explican que la intervención de la Tesorería Municipal ha propiciado a la invasión de terrenos, tras aceptar pagos de predial en lotes inexistentes en el catastro o que pertenecen a otras personas. (QF)
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