Desde 2016 a la fecha, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en México en posible relación con su trabajo, indicaron este jueves ONG.
De esa cifra siete eran mujeres y 77 eran hombres; 44 pertenecienten a pueblos indígenas y una era afromexicana, precisó en un comunicado el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
“A estos hechos se suman múltiples agresiones, como criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones”, añadió el reporte publicado el 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente.
La ONG señaló que este día “es un recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con quienes arriesgan su vida para proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes del país”.
Además, dijo que a cuatro años de su reconocimiento oficial por el Congreso mexicano “esta fecha no sólo conmemora, sino que exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten el avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado en múltiples regiones del país”.
También apuntó que “las personas defensoras del medio ambiente son clave para frenar la crisis climática, resistir proyectos destructivos”, proteger los recursos naturales que sostienen la vida de las personas y preservar las formas de vida indígenas que coexisten en armonía con la naturaleza.
“Su trabajo es especialmente relevante frente al avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación, acaparamiento de agua y contaminación generalizada, que continúan deteriorando nuestros ecosistemas y exacerbando desigualdades”, apuntó OSC.
En este contexto, dijo “se suma el avance del crimen organizado en múltiples regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos”.
Explicó que actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades “se han intensificado, afectando gravemente tanto al medio ambiente como a las personas que lo defienden”.
“El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculados a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo”, agregó.
OSC recordó que el Estado mexicano ha aprobado marcos normativos que “deben ser implementadas con urgencia adecuadamente”, entre ellos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012.
Mientras que a nivel internacional, México firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020.
El Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales es el primer tratado en el mundo que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
OSC también expresó su “profunda preocupación” por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), decisión, que, dijo, “genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental”.
Además, consideraron urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas.
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