CIUDAD DE MÉXICO.- El Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, reconoció que aumentó un 200 por ciento las agresiones contra periodistas y activistas en el país a partir del 1 de diciembre.
En una reunión celebrada en Gobernación, Aarón Mastache Mondragón dio a conocer que, desde el 1 de diciembre, son más vulnerables los periodistas y defensores de los derechos humanos en el país, pues a la fecha, han recibido más de 60 solicitudes de incorporación al mecanismo federal.
Reunidos con organizaciones de defensa de la libertad de expresión, la libre prensa y derechos humanos, discutieron la situación que enfrentan los periodistas y activistas, y más allá, prevén más hostilidad. En la reunión discutieron la situación del asesinato del periodista Rafael Murúa Manríquez, encontrado muerto la mañana del domingo.
En este contexto, buscarán atraer las investigaciones del estado de Baja California Sur puesto que todo indica, están tratando de criminalizar al periodista.
Es muy evidente la forma en que llevaron a la muerte a Rafael Murua; él registró muy claro las amenazas del presidente municipal de Mulegué, y si el Estado está informando que al ser encontrado asesinado, que traía marihuana, está participando también en el crimen” dijeron activistas.
La cuestión, dijeron, es que al fincarle droga, el Estado buscará desviar las investigaciones, y aquí, es el presidente municipal de Mulegué, Felipe Prado Bautista, el principal sospechoso.
“Lo que buscamos es que las indagatorias se lleven en total ética y transparencia para esclarecer su homicidio, que apesta a impunidad”, expresaron.
Por su parte, Aarón Mastache dijo que “se tienen que romper los pactos de impunidad” que existen en los gobiernos estatales; “están haciendo acciones de “ingobierno” formando parte de la represión, conspiración, y asesinatos de los periodistas y defensores de derechos humanos en el país”.
Reveló que todo esto va a cambiar pues las circunstancias orillaron a que Gobernación sea el área donde radicará Derechos Humanos, y desde ahí, combatirán la impunidad que prevalece en el país.
Al tomar la palabra, Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras, exigió que se atraiga el caso del asesinato de Rafael Murúa, y que sea la Fiscalía General de la República la que investiga su asesinato. Se informe cual será la política a seguir para fortalecer al mecanismo por parte del gobierno actual y propuso generar una mesa de trabajo donde se revise el funcionamiento del mecanismo en particular las evaluaciones de riesgo y aplicación de medidas.
Gildo Garza, presidente de la asociación de Periodistas Desplazados de México, pidió que se contemplen perfiles preparados para los análistas de riesgo que estén empapados de la inseguridad de las regiones más violentas en el país, y exigencias hacia el interior del mecanismo, sobre la subsidiaria que presta el servicio de protección; esto, para que se modifique y que se trabaje con organizaciones internacionales por mandato de las relatorías internacionales.
Por su parte, Irina Vázquez Zurita, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, pidió que no se criminalice a los compañeros de radios comunitarias como está ocurriendo en Baja California Sur con el caso de Rafael Murua, ya que también son periodistas y expuso la situación de otras radios en riesgo.
Para finalizar, el titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, compartió las preocupaciones de las organizaciones y se comprometió a en un tiempo de dos a tres semanas, iniciar las mesas de trabajo junto a asociaciones de la sociedad civil y la ONU, para las modificaciones del mecanismo, incluyendo al subsecretario Alejandro Encinas y al equipo de la Fiscalía General de la República.
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