CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, reveló que alistan una nueva denuncia por el desvío de 1,800 millones de pesos que fueron transferidos de manera extraordinaria desde la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el ejercicio fiscal del 2016, es decir, en el último tramo de la administración de Roberto Borge Angulo.
Se trata, agregó, de ministraciones adicionales al presupuesto anual que le era asignado a la Sedaru, las cuales se diluían a través de supuestos programas de apoyo al campo quintanarroense. Mediante este esquema se sospecha que pudieron desviarse hasta 5,000 millones de pesos entre el 2013 y el 2016, aunque aún resta por aplicar las correspondientes auditorías a los años 2013 y 2014.
Una primera denuncia por el desvío de 1,500 millones de pesos ya fue interpuesta en semanas pasadas, por lo que el monto de los recursos desviados sólo entre el 2015 y el 2016 alcanza los 3,300 millones de pesos.
“Son recursos que están cuestionados una vez que se concluyeron las auditorías, y lo pongo en estos términos por prudencia y por preservar al máximo la presunción de inocencia y las garantías de los implicados”, refirió.
Investigaciones
Del Pozo Dergal añadió que en el ejercicio del 2015 unos 1,000 millones de pesos “cuestionados” fueron entregados mediante cheques a un solo funcionario de la Sedaru, de quien indicó que no podía revelar su identidad por la reserva propia de las investigaciones en curso.
Dichas indagaciones se centraron en determinar el camino que siguieron esos recursos a través de las cuentas bancarias del gobierno del estado, pero una vez que ese dinero pasó a cuentas particulares, la investigación sale del ámbito de la Gestión Pública y pasa a manos de la Fiscalía General del Estado, que será la que determine el destino final de los mismos.
El titular de la Gestión Pública mencionó que la administración borgista justificó el uso de ese dinero con “una especie de listas de raya”, con las cuales pretendió dejar registro de las montos y las personas a las que se les entregaba ese dinero mediante supuestos programas de apoyo rural, pero a través de las auditorías no se ha podido comprobar que en efecto haya sido entregado a campesinos o al sector agropecuario de Quintana Roo. (Fuente: El Financiero)
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