El gobierno federal recibe 92 por ciento del presupuesto destinado a las funciones de Seguridad Pública pero, en la práctica, continúa la porosidad en aduanas donde ingresan ilegalmente las armas con las que son cometidos 90 por ciento de los delitos, principalmente del crimen organizado, y hay descontrol migratorio que permite extorsiones como las de los colombianos del Gota a Gota, con presencia en Cancún.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos destinados para atender la seguridad pública en el país se distribuyen de la siguiente manera: el gobierno federal recibe 92 por ciento, los estados 4.6 por ciento y los municipios 2.5 por ciento.
Como principal responsable de atender la violencia e inseguridad en el país, a Quintana Roo lo han dejado solo desde el sexenio pasado y los cuatro meses que van de la presente administración, antes por el vacío y negligencia de Enrique Peña Nieto y ahora por el combate al huachicol. El resultado es que existe una gran ausencia del gobierno federal contra el crimen organizado que controla el tráfico de drogas, de personas, de indocumentados, además de los secuestros, extorsiones, derechos de piso.
Para combatir o, al menos, disminuir los delitos, López Obrador señaló en su reciente informe de seguridad que su Gobierno sólo puede disponer de 10 mil policías federales “por lo que en los hechos”, dijo, “la población del país se encuentra en estado de indefensión”. En ese contexto Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, indicó que al estado le han restado en este año más del 70 por ciento de los elementos de fuerzas federales para combatir el crimen.
Además, tanto para detener el cruce ilegal de armas como de personas, existen pocos agentes de migración y sobrada corrupción en las aduanas, lo que debilita la cobertura del Estado mexicano en las líneas fronterizas, dando pie a una sustitución de poderes en favor de las organizaciones de traficantes.
Primer trimestre con más de 8 mil 500 asesinatos
En los primeros tres meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 8 mil 524 mexicanos: 2 mil 875 en diciembre; 2 mil 853 en enero y 2mil 796 en febrero. En cada uno de estos meses hubo más homicidios dolosos que en el último mes de Peña Nieto, con 2 mil 687 muertos contabilizados en noviembre de 2018.
De acuerdo con las estadísticas diarias, los homicidios dolosos subieron en marzo 3.36 por ciento, si se comparan con los de febrero, al pasar de 2 mil 326 a 2 mil 404.
Ahora, con estas cifras, no está reduciendo ni siendo contenida la incidencia de homicidios dolosos, lo cual ha sido identificado como objetivo prioritario de la estrategia de seguridad del gobierno federal ya que 90 por ciento son perpetrados por ajustes de cuentas del narco que controla desde el tráfico de drogas, armas, personas, secuestros y cobro de piso y al que, según López Obrador, no se combatirá.
Asimismo, en el arranque de la administración de López Obrador el volumen de droga decomisada fue de 30 mil kilogramos, en comparación con los primeros tres meses del gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decomisó un millón y medio de cocaína, mariguana y heroína.
El turismo en segundo plano
Al inaugurar la 44 edición del Tianguis, López Obrador recibió reclamos de la Iniciativa Privada por la falta de recursos para la promoción turística.
Los hoteleros le demandaron destinar 125 millones de dólares anuales a la promoción turística de México y él respondió que para fomentar la llegada de visitantes lo más efectivo es reducir la pobreza y la violencia con la Guardia Nacional que, dijo, tendrá como prioridad la seguridad pública de los ciudadanos y no el combate al narco.
No habrá entonces apoyo federal a la promoción turística, mermada por la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y adosada a los gobiernos de los estados que se sostienen del turismo; mejor dicho, a esos ciudadanos que han salido de los márgenes de pobreza a través de los empleos y oportunidades de desarrollo que ofrece la industria del hospedaje.
Podríamos agregar entonces: ni promoción turística, ni desarrollo de zonas marginadas ni mayor seguridad en estas zonas, una “política federal nini”.
Mientras, en la noche del pasado miércoles, en el bulevar Colosio de Cancún, que conduce al aeropuerto internacional, fue quemada una agencia de autos de lujo porque los empresarios se negaron a pagar el cobro de piso, y en el otro extremo del país, en San Pedro, Nuevo León, el municipio de mejor calidad de vida y conurbado a Monterrey, otro lote de autos de lujo fue quemado también por este mismo “impuesto” del crimen organizado. (La Jornada Maya)
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