QUERÉTARO, QRO.- El Congreso Nacional de Justicia Penal 2018, organizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se dio por concluido este fin de semana.
La ceremonia de clausura fue encabezada por Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno y coordinador general del Modelo de Justicia Querétaro, quien resaltó que lograron superar las expectativas en asistencia:
Podemos reportar una asistencia de 2002 personas al Congreso Nacional de Justicia Penal, lo cual nos llena de orgullo ya que este rebasó las expectativas”, afirmó.
Entre los asistentes hubo estudiantes, docentes, profesionistas y operadores de las Instituciones del Sistema de Justicia Oral de los 32 estados de la República y representantes del Gobierno Federal.
Participaron 25 panelistas, quienes compartieron sus experiencias en la operación del Sistema de Justicia Penal, así como cuatro conferencistas magistrales, quienes definieron el rumbo que permitirá lograr la consolidación a través de la operación sistémica.
El evento se posicionó como un foro de discusión, debate, análisis y reflexión, en el que se generó un intercambio de experiencias y buenas prácticas de los modelos de justicia que son referentes nacionales en materia jurídica.
Entre las conclusiones del Congreso Nacional de Justicia Penal organizado, se coincidió en que los alcances del sistema penal adversarial son: Difundir en todos los medios de información, con el apoyo de universidades públicas y privadas, barras y colegios de abogados, así como con todas las asociaciones de la sociedad, la importancia del sistema para que la sociedad civil acepté la justicia restaurativa; derivado del punto anterior, conocer que la justicia restaurativa busca empoderar al ciudadano, con un beneficio para los ciudadanos que sean víctimas o imputados.
Respecto a alcances de los derechos de las víctimas: Amplía el concepto de víctima con un concepto constitucional de humanización del proceso, delimita sus derechos en el proceso y le otorga un trato digno y respetuoso; respeta su intimidad, da protección para su seguridad y de sus familiares, tiene la oportunidad de intervenir en todas las fases procesales, puede recurrir las decisiones del Ministerio Público, tiene derecho a estar totalmente informado y ser escuchado, es decir, es un protagonista del proceso teniendo un rol activo en la acusación, tiene la facultad de acudir a una instancia privada, puede realizar acuerdos, desistirse, y realizar objeciones ante determinaciones de archivos, entre otros.
También, que es urgente que todas las instituciones de seguridad, procuración e impartición respeten la presunción de inocencia. De igual forma todos los estados coinciden en la importancia de dignificar a las policías, en razón de que es el policía el primer respondiente y parte procesal, fenómeno jurídico artículo 21 Constitucional en relación con el artículo 132 CNPP, siendo dichos ordenamientos los que dotan la facultad incluso para recibir denuncias.
Crear un sólo sistema informativo donde todas las instituciones tengan la misma información y cuenten con una tableta digital para consultar la información de forma inmediata; se reconoce que los estados capacitaron a los funcionarios de sus tribunales y fiscalías pero no a los policías. Se reconoce la ineficacia de los Estados para difundir el sistema adversarial como sucedió en los años noventa con los Derechos Humanos, Se busca que el sistema adversarial contribuya a generar la reconstrucción del tejido social, Se debe realizar un análisis de las policías como primer respondiente, se establece que ya no se mencionan a los grupos como delincuencia organizada, ahora es delincuencia transnacional.
Se mencionó que actualmente 300 Municipios forman parte del Fortaseg. Se coincidió en que se debe lograr que la sociedad civil acepté la justicia restaurativa, y se reconoce que son tiempos de crisis en derecho a la justicia, porque la justicia tradicional no está cumpliendo.
Limitaciones
Dentro de las limitaciones se encontraron obstáculos como son: Que la defensa técnica del imputado y de la víctima debe ser equitativa, la percepción de la sociedad es que hay excesivas garantías para el imputado en perjuicio de las víctimas, el estado de libertad del agresor en ciertos casos se convierte una amenaza para la víctima, la duración excesiva del proceso hace que la víctima pierda el interés, la falta de información de los actos procesales o información tardía.
También, destacaron la falta de seguridad individual y seguimiento adecuado en las víctimas, así como la inexistencia de una política criminal efectiva no sólo a la víctima directa, porque se encuentra vulnerable por ausencia de protección también para la familia, lo que se traduce en una falta de protección y falta de seguimiento.
