En sesión de Cabildo, la presidenta municipal Estefanía Mercado logró la aprobación unánime para crear la nueva Dirección de Vivienda y Regularización de la Propiedad, un organismo que tendrá como objetivo brindar certeza jurídica a miles de familias que habitan en zonas irregulares del municipio.
Durante la sesión, la alcaldesa destacó que este paso es histórico para Playa del Carmen, ya que permitirá atender de manera institucional un problema que por años ha afectado a diversos asentamientos, donde muchas familias compraron o habitaron terrenos sin documentación formal o expuestas a fraudes y prácticas abusivas relacionadas con la venta de tierra.
Mercado subrayó que esta dirección ofrecerá acompañamiento legal, asesoría y trámites ordenados para que los ciudadanos puedan acceder a la regularización de su patrimonio. Afirmó que con esta decisión se enviará un mensaje claro contra la especulación y el engaño: “el patrimonio de una familia es sagrado y no se negocia”. Recordó que en administraciones pasadas proliferaron invasiones y ventas irregulares, situación que su gobierno busca erradicar mediante mecanismos de legalidad, sin recurrir a desalojos forzados, sino privilegiando procesos de regularización y ordenamiento territorial.
Como parte de la misma sesión, el Cabildo también aprobó la Ley de Ingresos 2026 del municipio, que será enviada al Congreso del Estado. El proyecto contempla ajustes en materia catastral, regulación de rentas vacacionales y fortalecimiento del Derecho de Saneamiento Ambiental. La creación de la nueva dirección se enmarca en una estrategia más amplia para identificar y clasificar las zonas irregulares del municipio, con el fin de establecer rutas de regularización y garantizar que los habitantes puedan acceder a documentos legítimos que respalden la posesión o propiedad de sus terrenos.
La administración municipal destacó que este avance representa un compromiso con la justicia social y con la protección del patrimonio familiar, además de un paso decisivo para ordenar el crecimiento urbano de Playa del Carmen.
Con esta nueva dependencia, el gobierno pretende cerrar la puerta a prácticas que durante años lucraron con la necesidad de vivienda de la población y, al mismo tiempo, dar inicio a un proceso técnico y jurídico que permita transformar asentamientos irregulares en comunidades con certeza y reglas claras.
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