CHETUMAL, Q. ROO.- Los integrantes de la XV Legislatura aprobaron el paquete fiscal para 2019, el cual está integrado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y contempla las variaciones derivadas de la aprobación del paquete económico aprobado a nivel federal; en total el monto del que dispondrá el gobierno del estado asciende a 34 mil 579 millones 389 mil 104 pesos.
Durante la tercera sesión de pleno correspondiente al primer periodo extraordinario de sesiones de este tercer año de la XV Legislatura, diputadas y diputados avalaron la proyección y la distribución de recursos con algunos ajustes hechos a la propuesta que fue enviada por el titular del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva y también presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, se priorizaron dos temas fundamentales para el estado de Quintana Roo: la Seguridad y el Sistema Estatal Anticorrupción.
En la sesión, donde el paquete fiscal 2019 fue avalado por unanimidad de los legisladores, se informó que se priorizó también la operación de órganos autónomos o descentralizados como la Comisión de Derechos Humanos (CDHQROO), el Instituto Electoral del estado (Ieqroo) y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo).
También se desatacó de manera importante que los presupuestos del Poder Legislativo, ni el del Poder Ejecutivo, tuvieron aumento alguno. El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, señaló que, por el contrario, en el Legislativo se comenzará un plan de austeridad del cual se darán detalles en enero del siguiente año con el fin de que los recursos ahorrados puedan ser reintegrados a la tesorería estatal para ser destinados a proyectos de carácter social.
De esta manera la Cdheqroo dispondrá de un presupuesto de 67 millones 601 mil 12 pesos, un incremento de 27.31% más que en 2018; el Instituto Electoral de Quintana Roo recibirá 290 millones 755 mil 173 pesos, 11.83% más que este año; el Tribunal Electoral de Quintana Roo obtendrá el mismo presupuesto de 2018 cuyo monto es de 36 millones, 728 mil 601 pesos y el IDAIPQROO tendrá un presupuesto de 45 millones 47 mil 561 pesos, equivalente a un aumento de 3.44%.
En materia de seguridad la Fiscalía General del Estado contará con recursos por 737 millones 975 mil 249 pesos; el Tribunal de Justicia Administrativa obtendrá 35 millones de pesos, equivalentes al 133% más que el año pasado y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado obtendrá 10 millones de pesos, lo que corresponde a un aumento de 66.67% de aumento contra 2018.
El diputado Emiliano Ramos informó que en el tema de Seguridad Pública del Estado se aprobaron dos mil 208 millones de pesos contra los mil 204 millones de pesos de 2018, lo que representa un aumento de 75% para esta secretaría.
Las diputadas y diputados de la XV Legislatura aprobaron que para el Poder Judicial del estado se destinen 685 millones 35 mil 576 pesos; la Auditoría Superior del Estado contará con 184 millones 304 mil 608 pesos, equivalentes a 14.55% más y el Poder Legislativo de Quintana Roo tendrá recursos por 468 millones, 858 mil 458 pesos, es decir, sin registrar aumento alguno.
Para la creación del Instituto de Inclusión también aprobado en esta sesión, se destinarán cinco millones de pesos para el arranque de su operación.
NUEVA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO
En esta sesión se aprobó la creación de una nueva Ley Orgánica para el Poder Legislativo con la cual reforman de manera profunda el funcionamiento de este en términos políticos y administrativos, con una visión incluyente en donde todas las fuerzas políticas tendrán participación de acuerdo a la representación que obtengan en las urnas.
La creación de esta nueva ley es resultado de varias iniciativas presentadas desde el inicio de la XV Legislatura y comprende la desaparición de la Gran Comisión, la creación de la Junta de Coordinación Política y las nuevas atribuciones de la Mesa Directiva, así como la desaparición de la Oficialía Mayor para crear una Secretaría General. Estas modificaciones no implican contratación de nuevo personal ni se pone en riesgo a los trabajadores con los que actualmente cuenta el Congreso.
RECURSOS PARA TELETÓN
Los legisladores también aprobaron una propuesta del Ejecutivo estatal para que se le autorice afectar anualmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno, una partida presupuestal para cubrir los pagos, gastos e inversiones necesarios para la operación, administración y funcionamiento del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo equivalentes a 47 millones 490 mil pesos.
Durante este periodo extraordinario también se reformó la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo con el fin de crear el Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el fin de establecer la política pública garantizar los derechos actualmente existentes, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público, social y privado, en las acciones, para las personas con discapacidad.
REFORMAS PARA VENTA DE ALCOHOL Y A LEY DE MOVILIDAD
De igual manera se avalaron también reformas a la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, con el objetivo de que se regulen los horarios de las ventas de estas, ya sean en envase abierto o cerrado, procurando dar certeza a negocios dedicados a la venta de este producto.
El fin es reducir el uso nocivo del alcohol mediante el establecimiento de medidas legislativas eficaces como lo es la regulación de horarios en los que se podrán vender bebidas alcohólicas, anteponiendo un clasificador que contemple su lugar de consumo, horarios fijos en los que se podrán realizar actividades de distribución, expendio o consumo acordes con el giro comercial que tengan.
Finalmente, y previo al informe del presidente de la Mesa Directiva correspondiente a este periodo extraordinario, también se aprobaron reformas a la Ley de Movilidad del Estado con el objetivo de que las licencias de conducir de particulares y cuando se expidan para servicio público de pasajeros de autobuses urbanos, puedan ser tramitadas por los municipios, debido a que es parte de los ingresos que recaudan y, sin ellos, se impactaría sus finanzas.
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