CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema educativo tiene la capacidad para atender la demanda de ingreso de jóvenes migrantes deportados de Estados Unidos y que deseen continuar sus estudios, afirmó Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación.
Sin citar las posturas de la UNAM, IPN y la Secretaría de Hacienda sobre que no hay espacios ni recursos para atender eso, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó ante diputados que, de acuerdo con las estadísticas, es manejable procurar el ingreso de los llamados “dreamers”.
En el análisis de la iniciativa preferente del Ejecutivo federal para facilitar la revalidación de estudios, recordó que en el 2016 se llegó al número de 220 mil deportaciones de mexicanos procedentes de Estados Unidos.
Tras conocer sus niveles de estudios de los repatriados, destacó que los estudiantes con licenciatura incompleta fueron 2 mil 155.
“Cerca de 2 mil 155 personas podrían eventualmente solicitar su ingreso a la enseñanza media superior. Es una cifra absolutamente manejable”, aseguró ante legisladores de la Comisión de Educación.
Destacó que el año pasado hubo un acuerdo entre la SEP y las entidades del área metropolitana, como Ciudad de México, Estado de México Morelos e Hidalgo, para determinar la oferta de espacios para la educación superior. Indicó que la oferta fue de 463 mil espacios y que la demanda de 307 mil.
“Hay espacio, hay margen si la cifra se mantiene en ese nivel, podría ser manejable dar espacios”, aseveró en la reunión de trabajo.
En cambio, señaló, sí podría haber mayor presión de solicitudes para los connacionales que quieran completar sus estudios de la enseñanza básica.
Mencionó que el año pasado se registraron 21 mil personas con primaria incompleta y otras 25 mil personas con secundaria a medias.
Sin embargo, confió en que ello también puede ser “manejable” y que sería un asunto de coordinación mayor con entidades federativas.
