El 12 de noviembre, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, rescataron 774 ejemplares de tortugas en el aeropuerto de Tijuana. Los ejemplares estaban envueltos en calcetines y colocados dentro de cajas de plástico, las cuales a su vez se encontraban acomodadas en nueve cajas de cartón etiquetadas como “cosméticos”.
El operativo se llevó a cabo gracias a la alerta emitida por la Guardia Nacional, luego de que, durante sus funciones de inspección en el área de paquetería del aeropuerto, detectó algo sospechoso en las cajas. Al abrirlas, se encontraron los ejemplares ocultos dentro de las cajas de plástico transparente apiladas en el interior.
Inspectores de la oficina de Profepa en Baja California se trasladaron al sitio para coadyuvar con la Guardia Nacional. Ambos equipos realizaron el vaciado de las cajas con el fin de contar la totalidad de los ejemplares y verificar su estado físico. Durante la diligencia se identificó que los reptiles son dulceacuícolas y pertenecen a los géneros Kinosternon sp. y Trachemys sp.; se contabilizaron 774 ejemplares, de los cuales cuatro habían muerto; los restantes se encontraban en aparentes buenas condiciones.





Entre las especies que ya han sido identificadas, destaca que todas las pertenecientes al género Kinosternon se encuentran enlistadas en el apéndice II de la CITES, excepto la Kinosternon cora, que está en el Apéndice I. También se encontraron especies incluidas en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que significa que se trata de fauna en alguna categoría de riesgo.
El envío llegó a Tijuana proveniente del Estado de México, sin documentación que acredite la legal procedencia de las tortugas ni persona alguna que reclamara el paquete. De acuerdo con información preliminar, se presume que tanto el remitente como el destinatario son de nacionalidad china.





La Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente, mientras que la Guardia Nacional dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las acciones jurídicas y de investigación pertinentes, así como las gestiones necesarias para el resguardo y disposición final de los ejemplares asegurados, conforme a sus atribuciones legales.
Todos los ejemplares han sido trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) que tiene instalaciones y reúne las condiciones adecuadas para su cuidado y resguardo.
“El tráfico ilegal de vida silvestre es una de las mayores amenazas para nuestra biodiversidad. Por eso estamos fortaleciendo nuestras estrategias para combatir este delito en todas las etapas de la cadena del tráfico y haremos todas las diligencias necesarias para que este caso tenga consecuencias. Además, hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar estas extracciones ilegales. El trabajo que llevamos a cabo tendrá mayores resultados si actuamos de manera conjunta”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.




















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