En medio de un aparatoso operativo de cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en la mañana de este viernes la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró el terreno de Expomaya en Felipe Carrillo Puerto, el cual está en disputa entre el ejido de la localidad y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Colocaron señalizaciones de aseguramiento prohibiendo el paso, mientras se da seguimiento a la denuncia de delito patrimonial, con la participación de elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado que rodearon el predio.
El operativo generó el cierre total de la avenida Benito Juárez y la avenida Constituyentes de la ciudad, obligando a los automovilistas a tomar rutas alternas dentro de la ciudad.
El pasado lunes estalló el conflicto, cuando los ejidatarios frenaron el inicio de la construcción de 200 habitaciones para el Ejército Mexicano, alegando que el terreno les pertenece.
Elías Beh Cituk, comisario ejidal saliente y regidor del actual ayuntamiento, afirmó que el terreno de Expomaya fue prestado para una partida militar y posteriormente fue recuperado con la condición de ceder otras 20 hectáreas durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
Aseguró, además, que documentos del Registro Público de la Propiedad respaldan que el terreno sigue siendo ejidal, por lo que desde entonces un grupo de ejidatarios se quedaron resguardando el terreno para impedir que la Sedena siga trabajando.
Por su parte, la Sedena ha exhibido escrituras públicas que le otorgan la titularidad de la tierra, que se remonta a más de 50 años, cuando el gobierno federal recibió el predio de forma gratuita para establecer un cuartel militar.
La documentación dice que en 1987 dicha fracción de tierra fue expropiada al ejido por la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y posteriormente fue transferida a la Sedena, hecho que ha generado el descontento de los ejidatarios y que es el origen de este conflicto, ya que los ejidatarios no reconocen la transacción y ahora están impulsando un juicio de nulidad contra el título a favor de la Sedena.
Mientras tanto, el lote de terreno se encuentra resguardado por diversos elementos policiales de los 3 órdenes de gobierno.
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