Agencia EQR
CHETUMAL, Q. ROO.- La falta de presupuesto es uno de los principales problemas que enfrentan los estados del país, incluido Quintana Roo, para implementar la Reforma Procesal Laboral, la cual deberá de entrar en vigor a partir de febrero próximo, reconoció el especialista en Derecho Laboral, Luis Maccie Saade.
Maccie Saade ofreció la conferencia “Reforma Procesal Laboral y Cambios Legislativos”, realizada la mañana de este miércoles en el vestíbulo del Poder Legislativo a invitación de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En primera instancia, el especialista explicó que la Reforma Procesal Laboral tiene como objetivo la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a la creación a los Juzgados en Materia Laboral, las cuales dependerán directamente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Sin embargo, la implementación en el país del nuevo modelo de justicia laboral enfrenta varios factores en contra, principalmente, la falta de recursos económicos.
En el caso de Quintana Roo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TJSE) no cuenta por el momento con la capacidad para atender de manera inmediata la ejecución de la Reforma Laboral y para dar atención a más de 40 mil expedientes que pasarán al Poder Judicial para su resolución.
“Ningún Tribunal de los estados del país está preparado para ello, cuántos jueces se necesitan para desahogar estos 40 mil expedientes, si hablamos de 40 jueces, cada uno tendría mil expedientes; se requerirá de mucho tiempo para poderlos desahogar, tan sólo revisarlos, explicó.
A fin de contrarrestar esta problemática, dijo que los estados han estado solicitando un mayor presupuesto, incluso se habla de un préstamo que haría el Banco Interamericano de Desarrollo para implementar está reforma laboral, como sucedió en su momento con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
De la misma forma, reconoció que hasta el momento no han sido notificados los más de 40 mil trabajadores que sus casos serán turnados al Poder Judicial, lo que genera dejarlos en desventaja y vulnerabilidad para resultar favorecidos en sus respectivos casos.
“Sí tendrán afectaciones porque de cierta manera habrá un retraso al detenerse los juicios en lo que los jueces se preparan para volver a iniciar el procedimiento”, añadió.
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