Laura Fernández Piña, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, entregó contratos por 832 millones 416 mil pesos a su esposo Carlos Alberto Moyano, comprometiendo el 48% del presupuesto de participaciones federales del municipio de Puerto Morelos, durante 20 años.
El actual ayuntamiento de Puerto Morelos denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Quintana Roo a la exalcaldesa, a cinco de sus subalternos y cuatro empresas, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.
La denuncia revela la entonces presidenta municipal, comprometió las finanzas municipales por dos obras con sobreprecios. Primero la construcción del palacio municipal, por 389 millones 760 mil pesos, cuando realmente costaba 57 millones 983 mil 563 pesos y las facturas.
Además de una obra de alumbrado público por 442 millones 656 mil pesos, siendo su precio real 42 millones 950 mil pesos, y dónde el cobro de las factura comenzó en agosto del 2021.
Los contratos representarían una mensualidad de 2 millones 990 mil pesos —uno de un millón 400 mil pesos y otro de un millón 590 mil pesos—, durante 240 meses, los cuales serían entregados a Fernández Piña y su esposo Carlos Alberto Moyano, mismo que es buscado en Nayarit por abuso de confianza.
Se sabe que encuentra en proceso la denuncia penal por operaciones de recursos de procedencia ilícita, delitos preparados y planeados desde una asociación delictiva en la que idearon.
Entre los involucrados en las denuncias están, Ana Luisa Betancourt Canul, quien era encargada del despacho de la presidencia municipal y Eligio Sierra Peña, tesorero municipal, entre otros, además de las empresas Inova Cruz, Inocaribe, OFN Construcciones y OFN Quintana Roo.
Especialistas legales precisan que los delitos que habría cometido Fernández Piña serían ejercicio abusivo de sus funciones ya que como presidenta municipal otorgó contratos de los que ella y su esposo serían los beneficiados, además de tráfico de influencias.
