PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Tras una denuncia presentada en marzo de 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción, la aún alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, aún no aclara el uso de recursos federales por 14.7 millones de pesos.
El pasado 16 de marzo de 2021, José Francisco Sánchez Baeza presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presunto desvío y uso ilícito de recursos federales, en contra de la Laura Beristain.
Lo anterior, luego de que la edil firmará un contrato con la empresa privada “Electrificaciones y Proyectos de Campeche S.A de C.V”, para la realización de la obra denominada “Construcción de Red de Drenaje en Zonas Prioritarias del Municipio de Solidaridad”.
Esto pese a que dicha obra la llevaría a cabo Aguakan, como parte de sus obligaciones.
Aguakan recibió el 8 de diciembre de 2014 una concesión por parte del gobierno municipal de Mauricio Góngora, aprobada por unanimidad durante la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 2013 – 2016.
La licencia otorgó los derechos a la empresa para brindar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio.
Así como los trabajos, que se le asigno en la concesión, relacionados con el “Proyecto de ampliación de cobertura de drenaje sanitario / zonas con falta de cobertura 2019 – 2020”.
¿OTRO CONTRATO PARA LA MISMA OBRA?
Sin embargo, el 29 de agosto de 2019, el ayuntamiento de Solidaridad, a cargo de Laura Beristain, suscribió un contrato con la empresa “Electrificaciones y Proyectos de Campeche S.A. de C.V.” para la realización de la misma obra.
Esto significaría una irregularidad, pues Aguakan ya era la empresa autorizada legalmente y encargada de llevar a cabo estos trabajos.
Sobre esto, el ciudadano y activista Antonio Ramos Pérez emitió un oficio a través del Infomex a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y al Ayuntamiento de Solidaridad para solicitar aclarar la situación.
LA RESPUESTA
Al respecto, CAPA respondió la solicitud e informó que no tiene participación en el proyecto porque el lugar donde se llevaría a cabo no se encuentra dentro de su zona de cobertura.
Para detallar esto, anexó dos mapas en los que claramente especificó la cobertura sus servicios de agua potable y alcantarillado.
El ayuntamiento respondió la solicitud presentando las facturas expedidas a nombre de “Electrificaciones y Proyectos de Campeche S.A. de C.V.” por la cantidad de $14, 798,506 (catorce millones setecientos noventa y ocho mil quinientos seis pesos).
En los documentos presentados se evidenciaba que los recursos aplicados provenían del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) que es uno de los dos fondos en los que se divide el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual es un recurso financiero federal.
El “Proyecto de ampliación de cobertura de drenaje sanitario / zonas con falta de cobertura 2019 – 2020” se desarrollaría en la colonia Ampliación Bellavista, considerada dentro de la cobertura de Aguakan para el 2020.
Esto, con una inversión de cinco millones trescientos mil pesos, monto que ya había sido cubierto por parte del municipio.
Sin embargo, en esta misma colonia, se “invirtieron” los recursos del fondo federal pero por una cantidad duplicada para la empresa contratada adicionalmente.
Este hecho fue lo que originó la denuncia ya que el ayuntamiento no debía contratar a “Electrificaciones y Proyectos de Campeche S.A. de C.V” debido a que el proyecto ya había sido asignado a Aguakan.
VIOLACIÓN A LA LEY
El artículo 20 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado vigente en el estado de Quintana Roo, establece que el ayuntamiento no está obligado a construir redes de servicios sanitarios dentro de sus jurisdicciones donde los servicios están debidamente concesionados.
No obstante, Laura Beristain pasó por encima de esta ley y destinó recurso federal sin tener la facultad para hacerlo.
Además, pagó el doble a la empresa privada por un proyecto que económicamente estaba cubierto a totalidad.
“Considero que han aplicado recursos financieros federales para un fin distinto a lo establecido por los lineamientos y reglas de operación”, señaló el denunciante José Francisco Sánchez Baeza.
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