CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República.
La grilla entre los legisladores se acrecentó y fue factor fundamental para que se llevaran a cabo seis horas de debate. Desde la tribuna los legisladores cruzaron señalamientos, luego de que priistas y panistas enlistaron lo que consideraron inconsistencias en el documento ante la prisa de Morena, que no quiso cambiar la iniciativa para que no se regresara al Senado, pese a que requiere actualización pues es un documento de hace siete años.
El coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, criticó que “ahora resulta que están muy preocupados por los detalles, pero no les preocupó que durante años se haya pasado por encima del texto constitucional para crear una burocracia dorada”.
La priista Dulce María Sauri Riancho sostuvo que con las reservas trataban de perfeccionar el instrumento legislativo. Subrayó que estaban en favor de la propuesta, pero se requería su actualización, “es una iniciativa sacada del invierno para traerla al verano”.
La norma que regulará los artículos 75 y 127 de la Constitución, establece que se deben regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales.
Además reforma el Código Penal Federal adicionando un capítulo, denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”, con sanciones de prisión e inhabilitación de hasta 14 años.
Posteriormente la minuta fue aprobada en lo particular con 246 votos en favor, 111 en contra y cero abstenciones.
Al haber sido aprobado se convirtió en el primer dictamen que emana de Morena en el Congreso y pasa al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La minuta del Senado fue enviada a San Lázaro en noviembre de 2011 y se turnó en ese entonces a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Función Pública y de Justicia, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, quedando congelada por ocho años.
